El decreto ya salió y cuatro rutas nacionales que cruzan La Pampa entran en el esquema de peaje con empresas privadas: a los pampeanos les toca de cerca, pero el plazo que puso el Gobierno para definir quién las maneja no es el que muchos imaginaban.
El Gobierno nacional avanzó con un esquema que cambiará la forma en que se transitan y se mantienen los caminos en todo el país. A través del decreto 1358, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso que nuevos tramos de rutas nacionales sean entregados en concesión por peaje a empresas privadas, en el marco del proyecto "Red Federal de Concesiones".
La medida alcanza de lleno a La Pampa: cuatro rutas nacionales que atraviesan la provincia quedan incluidas en el llamado. Se trata de la Ruta 22 —que también cruza Buenos Aires—, la Ruta 35 —que además pasa por Buenos Aires y Córdoba—, la Ruta 151 —que sale de La Pampa y entra en Río Negro— y la Ruta 152.
Qué dice el decreto sobre los plazos
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la norma establece que la Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un plazo no mayor a doce meses. Es decir, el Ejecutivo se fijó un año como máximo para poner en marcha el proceso que definirá qué empresas se harán cargo de cada tramo.
El mapa completo: las rutas alcanzadas en el resto del país
La iniciativa no se limita a territorio pampeano. En el resto del país, las trazas incluidas en el llamado son la Ruta 3 (Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz), Ruta 9 (Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy), Ruta 11 (Santa Fe, Chaco y Formosa), Ruta 12 (Entre Ríos), Ruta 14 (Corrientes y Misiones), Ruta 16 (Santiago del Estero, Chaco y Salta), Rutas 25 y 26 (Chubut), Ruta 33 (Buenos Aires), Ruta 34 (Jujuy y Salta), Ruta 38 (Córdoba y La Rioja), Ruta 50 (Salta), Ruta 60 (Córdoba), Rutas 81 y 86 (Formosa), Ruta 89 (Chaco y Santiago del Estero), Rutas 120, 121 y 122 (Corrientes), Ruta 158 (Córdoba), Ruta 228 (Buenos Aires), Ruta 237 (Neuquén) y Ruta A0017 (Buenos Aires).
Los argumentos oficiales
De acuerdo con los fundamentos normativos, la iniciativa procura "profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional". El objetivo declarado es "rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad", al tiempo que se busca contribuir a "la consecución de los objetivos de eliminación del déficit y de equilibrio de las cuentas del Estado Nacional".
Con el decreto ya publicado, la pelota queda del lado de la Secretaría de Transporte, que tiene por delante el plazo de un año para lanzar la licitación que definirá el futuro de estas rutas.
