Cuatro veces le cerraron la puerta en el Puerto de Ushuaia: ahora entró la Justicia
La Provincia denunció cuatro veces que le cerraban la puerta del Puerto de Ushuaia. La Justicia terminó ordenando el allanamiento, pero la orden tiene un límite y no alcanza a todo el predio: qué se revisa y qué queda afuera.
El juez subrogante del Juzgado de Instrucción N°2 de Ushuaia, Sergio Pepe, ordenó un allanamiento con fines de inspección ambiental en el Puerto de Ushuaia y habilitó así el ingreso del personal de la Secretaría de Ambiente al predio. La diligencia se ejecutó con el respaldo de la Prefectura Naval Ushuaia.
La decisión llegó después de una seguidilla de bloqueos: la Fiscalía de Estado había denunciado cuatro intentos fallidos de acceso por parte de los funcionarios provinciales. Esa acumulación de impedimentos fue, según el magistrado, uno de los argumentos centrales para justificar la intervención judicial.
La orden se apoya en el artículo 204 del Código Procesal Penal y en las leyes provinciales que le otorgan facultades a la autoridad ambiental. Para el juez, los reiterados bloqueos y la necesidad de comprobar en el lugar la situación del predio hacían imprescindible la medida.
Qué se revisó dentro del puerto
Los inspectores pusieron la lupa sobre las condiciones de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos, la posible existencia de derrames, indicios de contaminación y el estado de las instalaciones vinculadas al recurso hídrico.
El operativo abarcó nueve puntos críticos: el Muelle de Catamaranes, el Muelle Comercial, la Plazoleta Fiscal, el Taller Mecánico, los espacios de acopio de residuos, los sectores cercanos a antiguos tanques de combustible, las áreas de relleno, las obras en contacto con el agua y los sistemas de drenaje pluvial.
En cada uno de esos lugares se podrá verificar la existencia de residuos peligrosos, cómo están clasificados, en qué condiciones se almacenan y qué medidas de seguridad se aplican. También se controlará la descarga de desechos que llegan desde las bases antárticas argentinas y el accionar de las agencias marítimas que operan en la terminal.
La discusión de fondo: los residuos que debían retirarse
Uno de los ejes de la causa es qué pasó con los residuos peligrosos que, según un informe de gestión de 2025, seguían en almacenamiento temporal en el puerto y tenían que ser retirados en enero de 2026.
De acuerdo con la presentación judicial, ese retiro no se habría concretado. La Secretaría de Ambiente sostiene que hoy no sabe cuánto material hay, dónde está ni en qué estado se encuentra. Del otro lado, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) afirma que dentro del predio no hay residuos peligrosos.
El organismo provincial remarcó que los controles deben sostenerse durante la Campaña Antártica, que va de octubre a abril, cuando se multiplica la recepción de desechos.
La resolución aclara un punto clave: los riesgos señalados no equivalen a una constatación de contaminación, sino a situaciones que deben verificarse técnicamente.
Quiénes entran y con qué límites
La autorización no es general: está acotada a los sectores y las tareas detallados expresamente en la orden. Los controles documentales, en cambio, deberán tramitarse por la vía administrativa.
El equipo habilitado lo integran la secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, a cargo de Ambiente, Lisi Cristófano; el director de Obras Hidráulicas y Fluviales, Miguel Hidalgo; el hidrólogo Sergio Müller; y la directora de Gestión Ambiental, Elizabeth Ruiz.
Los antecedentes que llevaron al allanamiento
Todo arrancó con una denuncia de la Fiscalía de Estado presentada el 14 de octubre, en la que se reportaron impedimentos de ingreso los días 25 de agosto, 1 y 17 de septiembre. Después, el Ministerio de Producción y Ambiente informó un nuevo bloqueo el 19 de octubre y reclamó medidas judiciales.
En una resolución previa, el lunes 26, el juez Pepe había dispuesto que la causa siguiera en su juzgado, luego de que el Juzgado Federal de Garantías rechazara la competencia y devolviera las actuaciones. En ese mismo marco, notificó a Fernando Ariel Polizzi de sus derechos y garantías y reconoció a la Fiscalía de Estado como querellante.
Con la información técnica que aportó Ambiente sobre los sectores, los riesgos y los fundamentos legales, el magistrado terminó habilitando las inspecciones.
