Una casa entregada por el Estado en Rawson terminó con los ventanales rotos y sin puerta, mientras su adjudicatario juraba que estaba al cuidado de sus hijos. Los registros oficiales del IPV encontraron una sola cosa que no cerraba: su trabajo. La sanción no alcanzó solo a él.
El Instituto Provincial de la Vivienda revocó la adjudicación de una casa en Rawson y dejó sin futuro habitacional a un empleado municipal y a su expareja. El motivo: la vivienda entregada por el Estado estaba abandonada por completo.
La resolución no solo le quita el techo al titular. También lo inhabilita, junto a su ex pareja, para volver a figurar como locatario o beneficiario en cualquier operatoria que financie el organismo. Un mensaje directo para quienes reciben una casa social.
Lo que encontraron en la calle Victoria Ocampo
El inmueble está en el Barrio 32 Viviendas E.M.A. Durante una inspección de rutina, el personal del IPV se topó con una escena difícil de justificar: la casa completamente desocupada, con los ventanales rotos y sin la puerta de acceso principal. Además, el lugar contaba con custodia policial.
A la constatación del organismo se sumaron las quejas de los vecinos del sector. Según advirtieron, la propiedad no tenía servicios básicos y permanecía librada a su suerte, sin ningún tipo de mantenimiento.
El descargo que se desmoronó solo
Frente a la posibilidad de perder la vivienda, el adjudicatario presentó un descargo. Argumentó que no estaba en la casa porque se encontraba al cuidado de sus hijos en el domicilio de su expareja, y agregó que aguardaba un trabajo por temporada.
Los registros oficiales, sin embargo, desarmaron su coartada: el hombre se desempeña como empleado de planta permanente en la Municipalidad de Rawson. La versión del trabajo temporario y la supuesta ausencia por cuidado de los chicos no resistieron el cruce de datos.
La sanción que firmó la gerencia del IPV
Con las contradicciones sobre la mesa y el incumplimiento de la norma que obliga a los grupos familiares a habitar las casas que reciben, la gerencia general del IPV firmó la resolución. La adjudicación quedó revocada de manera inmediata.
La medida fue más allá de la casa en cuestión: tanto el hombre como su expareja quedaron inhabilitados para acceder en el futuro a cualquier operatoria financiada por el organismo, ya sea como locatarios o como beneficiarios.
Para el IPV, el caso deja una señal clara sobre dos obligaciones que no admiten atajos: residir efectivamente en las viviendas sociales y cuidar el patrimonio público que entrega el Estado.
