Los cuidacoches de Rosario siguen sin una norma clara: el Concejo volvió a discutir la prohibición y los bloques no se pusieron de acuerdo en cómo aplicarla. Qué puntos trabaron la votación.
El Concejo Municipal de Rosario vuelve a poner sobre la mesa esta semana la discusión por la prohibición de los cuidacoches. La reunión del miércoles pasado terminó sin definiciones y con los bloques todavía enfrentados por cómo se aplicará la medida en la ciudad.
El análisis pasó por las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, que trataron el proyecto que envió el intendente Pablo Javkin para adherir a la ley provincial Nº 14.486. Es probable que se convoque a una nueva reunión conjunta para este miércoles.
La norma provincial, promulgada en octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro, incorpora al Código de Convivencia sanciones específicas para la actividad: trabajo comunitario, arresto para casos de reincidencia y penas agravadas cuando media amenaza, violencia u organización. Para que rija en la ciudad, el municipio debe adherir con una ordenanza propia.
Qué dice el proyecto que impulsa Javkin
La iniciativa busca sumar al Código de Convivencia local la prohibición de ofrecer espacios de estacionamiento o de hacer tareas de guarda, cuidado, lavado y limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero o de otros beneficios.
Este lunes el intendente volvió a reclamarle al Concejo que avance con la adhesión. “Hay marcos y oportunidades que requieren una normativa. Proponemos adherir a la ley y darle un marco vinculado a lo social. Una cosa es el trapito y la actividad extorsiva, que hay que prohibir y combatir, y otra cosa es la situación de una persona que está en la calle, y a lo mejor por adicciones o consumo necesita un tratamiento distinto”, sostuvo.
Las modificaciones que puso sobre la mesa Prence
En la reunión del miércoles, la concejala Sabrina Prence presentó una serie de cambios al texto original con la idea de reforzar el abordaje social. Entre ellos, un protocolo de actuación, un registro de antecedentes para los casos de reincidencia, canales de denuncia por el 911, el 147 y Munibot, campañas de difusión y una coordinación más aceitada con la Provincia para las intervenciones policiales.
La edila también planteó que las multas no deberían recaer sobre quienes hacen la actividad y no tienen con qué pagarlas, aunque sí sobre las personas con capacidad económica para afrontarlas. A eso le sumó medidas de acompañamiento, capacitación e inserción laboral, en especial para quienes están en situación de calle. Según explicó, la intención fue reunir los aportes de los distintos bloques para que los cambios no quedaran identificados como una iniciativa propia.
Los tres ejes que reclama Fiatti
Desde Unidos por Rosario, Fabrizio Fiatti pidió tener el documento en mano para seguir con el análisis y repitió los tres puntos que, a su entender, son centrales para avanzar: fijar la prohibición, definir cómo se aplicarán las sanciones en el ámbito local y garantizar un abordaje social. También consideró que el artículo sobre el régimen de excepciones no es una prioridad en esta instancia.
Pese a las diferencias, hubo coincidencias entre distintos sectores en dos puntos: incorporar a las organizaciones sociales que ya trabajan con las personas que hacen la actividad y promover programas de capacitación en oficios, acompañamiento e inserción laboral.
El problema apareció a la hora de acordar los mecanismos de implementación. Por eso las comisiones resolvieron volver a reunirse el miércoles 18.
Qué gana el municipio si adhiere
El Ejecutivo sostiene que la aprobación local también le permitirá formalizar un convenio con la Provincia y coordinar operativos entre agentes municipales y efectivos policiales.
El oficialismo quiere conseguir la adhesión antes de fin de año. Sin embargo, el tratamiento legislativo sigue atravesado por las diferencias sobre las sanciones, las excepciones y el alcance de las políticas de inclusión social.