Cuidacoches en Santa Fe: la Iglesia pide frenar la prohibición total y propone una salida que nadie esperaba

En medio del debate legislativo por la prohibición de los cuidacoches en Santa Fe, la Iglesia católica plantó bandera y pidió no meter a todos en la misma bolsa. Mientras el proyecto avanza en la Legislatura, la Pastoral Social de Rosario advirtió que una prohibición absoluta podría agravar la exclusión social.

¿Qué dijo la Iglesia sobre los cuidacoches?

Este miércoles, representantes de la Pastoral Social se presentaron ante los legisladores provinciales con una postura clara: diferenciar entre quienes cuidan autos para subsistir y los que extorsionan. Acompañados por una carta del arzobispo Eduardo Martín, señalaron que el debate no es sobre ‘trapitos sí o no’, sino sobre cómo el Estado distingue y regula frente a la vulnerabilidad.

“Frente a la violencia, la extorsión o el abuso, la respuesta del legislador debe ser firme”, indicaron. Pero advirtieron que el foco de las sanciones debe estar en las organizaciones delictivas, no en quienes buscan un ingreso informal.

La propuesta concreta: registro y zonas de trabajo

Como alternativa, la Pastoral propuso un esquema de regulación con un registro oficial de cuidacoches, asignación de zonas, identificación y más presencia estatal. Esto permitiría separar a los trabajadores individuales de las mafias que operan con amenazas. Además, exigieron que cualquier cambio normativo vaya acompañado de programas de asistencia social, capacitación e inserción laboral, con un período de transición para evaluar el impacto.

El arzobispo Eduardo Martín expresó en su carta: “Nuestra preocupación es que, por buscar un mayor orden, se termine llevando a estos hermanos nuestros a una marginación más profunda y a una mayor deshumanización de la sociedad”. La Iglesia no busca “consagrar situaciones de marginalidad” ni “convalidar delitos”, pero pidió no criminalizar la pobreza.

El proyecto que se discute ya tiene media sanción del Senado y busca prohibir la actividad en toda la provincia, dejando a cada municipio la adhesión y control. La Iglesia, mientras tanto, insiste en que el camino no es la prohibición total, sino la regulación inteligente.