De candidata a imputada: la ex postulante a intendenta de La Banda que ahora enfrenta la Justicia por estafas millonarias

La Justicia Penal de Santiago del Estero imputó a Noralí Sosa, ex candidata a intendente de La Banda, por presuntas estafas vinculadas a la venta de piletas de natación. Varias personas denunciaron haber pagado por adelantado sin recibir nunca los productos. En paralelo, el fuero civil ordenó un embargo por casi 9 millones de pesos sobre bienes de su empresa.

Las actuaciones judiciales se iniciaron a partir de denuncias presentadas ante la fiscal Eugenia Callegaris. Los abogados Luis Barraza y Carla Sequeira representan a algunas de las víctimas que alegan haber sido defraudadas.

¿Cómo operaba el presunto esquema?

Una de las denuncias fue radicada por Jonathan Luis Gabriel Medina, representado por el letrado Luis Barraza. Medina habría endosado y transferido un cheque electrónico por $2.134.833 a favor de un tercero señalado por Sosa como proveedor, identificado como Carlos Javier Méndez.

Según la presentación, la acusada luego canceló la operación y aceptó la rescisión, pero desde entonces habría incurrido en reiteradas promesas de devolución que no se concretaron. Las excusas y dilaciones fueron consideradas injustificadas por los denunciantes.

Las diferentes presentaciones comparten un patrón común: los afectados sostienen haber abonado de manera anticipada el costo total de piletas que, hasta la fecha, no fueron entregadas ni instaladas en sus domicilios.

La respuesta de la Justicia

Con estos elementos, trascendió que la fiscal Callegaris ya habría formalizado la imputación contra Noralí Sosa. Sin embargo, aún no se confirmó si se fijó fecha para su declaración indagatoria en el marco de la causa penal.

En simultáneo, la causa iniciada por la abogada Carla Sequeira tuvo un impacto directo en el ámbito civil. Sequeira representa a Débora Cortez, una agente penitenciaria domiciliada en el barrio San Germés.

Cortez habría abonado a Sosa en 2023 una suma superior a los $500.000 por una piscina que tampoco habría recibido. Esta acción judicial derivó en una medida concreta por parte de la Justicia civil.

El embargo millonario

El 23 de febrero, una oficial de Justicia se presentó en la firma Nor-Plast, dedicada a la comercialización de piscinas y ubicada en la intersección de la ruta 5 y la rotonda con la ruta 34.

En el lugar se procedió al embargo y retiro de tres piletas con el objetivo de cubrir un monto de $6.998.000 más otros $1.749.560. La medida fue dispuesta por el juez Civil y Comercial Maximiliano Pernigotti, titular del Colegio de Jueces Nº 1.

La empresa Nor-Plast está directamente relacionada con la actividad comercial señalada en las presentaciones judiciales que dieron origen a las causas. El embargo total ronda los 9 millones de pesos.

Los casos continúan su curso tanto en el fuero penal como en el civil, mientras las víctimas esperan que se avance en las investigaciones y se determinen las responsabilidades correspondientes por las presuntas estafas.