Debe volver al país y pagar una caución de 200 millones: la decisión de la Justicia en una causa por administración fraudulenta

La Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación de Catamarca rechazó el pedido de detención y rebeldía contra un hombre acusado de administración fraudulenta, pero le impuso condiciones estrictas: deberá regresar al país y pagar una caución de 200 millones de pesos.

La medida quedó formalizada en la Resolución N° 636/2026, que estableció un régimen de garantías para asegurar el avance del proceso sin necesidad de privar de la libertad al imputado.

Qué le exige la Justicia

El acusado, identificado como Ricardo Emilio Del Pino Palermo, tendrá 72 horas para informar la fecha exacta de su regreso al país y deberá presentar la documentación que lo acredite. Además, deberá constituir una caución económica de 200 millones de pesos como garantía de su comparecencia.

También se le impuso mantener una residencia conocida en Argentina, sin poder cambiarla sin aviso previo a la autoridad judicial, y quedó prohibido de salir del territorio nacional, con retención de su pasaporte. El imputado deberá comparecer personalmente cada vez que sea citado y abstenerse de cualquier acto que pueda entorpecer la investigación.

El origen de la causa

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por Eduardo Van Esso contra Del Pino Palermo por un presunto ilícito vinculado a defraudación y administración fraudulenta de un fideicomiso. La querella, representada por el abogado Federico Ibáñez Hlawaczek, había solicitado formalmente que el imputado sea declarado en rebeldía, se ordene su detención inmediata e incluso su captura internacional, argumentando su ausencia del país y un posible riesgo de fuga.

Los argumentos de la defensa

Frente a ese planteo, la defensa explicó que su asistido tiene residencia en Brasil y compromisos previamente asumidos en Estados Unidos, donde permanecería por un lapso aproximado de tres meses. Del Pino Palermo informó además que se encuentra cursando una maestría en la escuela de negocios F.W. Ollin Graduate School of Business, comunicó su domicilio y datos de contacto, y manifestó su disposición a comparecer incluso de manera remota ante la Justicia.

La Fiscalía consideró que no se verifican los supuestos legales que justifiquen la privación de libertad, por lo que rechazó la orden de detención y la declaración de rebeldía solicitadas por la parte querellante.