Debían más de lo que ganaban y la Legislatura ya tiene un plan para rescatarlos

Más de 257.000 tucumanos están en mora y la provincia busca una salida legislativa. El problema dejó de ser una estadística para convertirse en una urgencia: según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre datos del Banco Central, el incumplimiento en Tucumán ronda el 19%, por encima del promedio nacional, y coloca a la provincia como la sexta con mayor nivel de irregularidad en el país. El organismo considera en esa situación a los financiamientos con atrasos superiores a los 90 días.

La Legislatura tiene convocada una sesión para el miércoles 30 de septiembre, pero el tratamiento de los proyectos de alivio no sería inmediato. Fuentes parlamentarias indicaron que la discusión podría postergarse al debate del 8 de octubre, con la intención de diseñar una solución más amplia que también alcance a empleados del sector privado.

Qué proponen los proyectos

Las iniciativas bajo análisis llevan la firma de legisladores de distintos espacios: Gerónimo Vargas Aignasse, Carlos Gallia, Alberto Olea, Ernesto Gómez Rossi, Silvia Elías de Pérez, Alfredo Toscano, Claudio Viña y Rolando Alfaro. En líneas generales, buscan contener el sobreendeudamiento, proteger la porción alimentaria de los ingresos familiares, abaratar el financiamiento, facilitar la refinanciación de tarjetas y préstamos y ampliar la educación financiera.

Una de las alternativas, impulsada por Toscano, crea un régimen especial para empleados de la administración pública provincial y de organismos estatales con ingresos que no superen los seis salarios mínimos. La propuesta contempla financiamiento a tasa cero para cancelar saldos de tarjetas del Banco Macro, agente financiero provincial, y fija que las retenciones sobre el salario no podrán superar el 25%. El esquema apunta a que el banco absorba el costo financiero de las cuotas y evita que los intereses profundicen las dificultades de quienes ya están en mora.

Vargas Aignasse, en tanto, promueve un régimen de protección del salario frente al sobreendeudamiento de empleados públicos. El proyecto preserva el carácter alimentario de las remuneraciones con nuevas reglas para los descuentos directos por planilla: el costo financiero total tendría como límite la inflación interanual más 10 puntos porcentuales, y la suma de los compromisos descontados no podría afectar más del 30% del salario neto.

La propuesta de mayor alcance es la de Olea, bautizada Programa Tucumán de Alivio y Desendeudamiento Personal. Comprendería a residentes con ingresos de hasta 10 salarios mínimos, incluidos empleados públicos y privados, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados. Su herramienta central sería una línea de crédito preferencial para unificar obligaciones, con el dinero transferido directamente a los acreedores. El proyecto fija una tasa nominal anual máxima del 35%, un plazo de devolución de hasta 36 meses y cuotas que no podrían superar el 25% de los ingresos netos. Además, incorpora asistencia interdisciplinaria gratuita y campañas de educación financiera.

Las propuestas que llegaron desde afuera

Al debate legislativo se sumaron dos iniciativas elaboradas fuera de la Cámara por la Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La primera propone instaurar un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores y Usuarios, con un procedimiento administrativo gratuito para reestructurar obligaciones y audiencias conciliatorias donde deudores y acreedores podrían negociar quitas, períodos de gracia o reducciones de tasas.

La segunda plantea modificar la Ley N° 8.365 para poner en marcha una Red Provincial de Puntos de Atención a Consumidores y Usuarios, con el fin de descentralizar la asistencia estatal y extenderla a los 19 municipios y las 93 comunas rurales de Tucumán.

El CEPA advirtió además que, a nivel nacional, sigue siendo elevado el volumen de créditos clasificados en una categoría de seguimiento especial que todavía no constituye formalmente mora, pero que funciona como señal de alerta ante un eventual agravamiento de los incumplimientos. La discusión que deberá afrontar la Legislatura no se limita a cómo refinanciar las obligaciones vencidas: también define cuánto del salario puede destinarse a las cuotas, qué costo financiero tendrán las nuevas líneas de crédito y hasta dónde llegará el universo de beneficiarios.