Decía ser Horacio Rosatti: el llamado que terminó costándole $10 millones a una familia jujeña
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Decía ser Horacio Rosatti: el llamado que terminó costándole $10 millones a una familia jujeña

¿Cuánto puede costar creer que ganaste un premio? Un matrimonio jujeño tardó casi un año en descubrir que del otro lado del teléfono no había una empresa, sino una banda que operaba desde la cárcel y usaba el nombre de Horacio Rosatti.

Una pareja de San Salvador de Jujuy creyó durante casi un año que había ganado un premio de telefonía satelital 4G. Cuando quiso reaccionar, ya había perdido entre $9 y $10 millones.

La historia, revelada en la requisitoria de elevación a juicio del fiscal federal Franco Picardi, tiene como víctima a "Daniel" —nombre ficticio para proteger su identidad— y detrás una organización que, según la acusación, operaba desde el Establecimiento Penitenciario N°7 de la capital jujeña.

Todo empezó en octubre de 2024. Un hombre que se presentó como Matías Pérez, supuesto director de una empresa, le avisó que había sido elegido para recibir el premio. Para cobrarlo, le dijo, tenía que cubrir una serie de gastos. Con el correr de las semanas aparecieron otros personajes: un presunto abogado de apellido Rozetti, una mujer identificada como "Laura" y alguien que directamente se hizo pasar por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

"Habla el Dr. Horacio Rosatti"

Una de las comunicaciones incorporadas al expediente, del 23 de noviembre de 2024, arranca con un hombre que lo llama por su nombre y sentencia: "Habla el Dr. Horacio Rosatti". Le pide que tenga el dinero cargado en una cuenta de Mercado Pago de su pareja y le anticipa que después le indicaría adónde mandarlo.

Al día siguiente, según otro audio de la causa, la instrucción fue concreta: debía transferir a una cuenta a nombre de Rita Elizabeth Ayllón, ex pareja de Ramón Atilio Ríos, uno de los imputados. También le exigieron que enviara el comprobante de forma directa y no a una supuesta secretaria.

La fiscalía vinculó esa indicación con una transferencia de $49.900 que la pareja de la víctima hizo el 25 de noviembre de 2024 a una cuenta de Naranja Digital a nombre de Ayllón. Hubo otros tres envíos: $250.000 el 15 de noviembre, $200.000 el 28 de noviembre y $118.700 el 2 de diciembre. En total, $618.600 que llegaron a cuentas de Marilina Paola Arjona, pareja de Cristian Mariano Ariel Acho, otro de los acusados.

"Seguimos al corriente de ello creyéndole de que ese premio era verdad", declaró la víctima ante la Justicia. El dinero, explicó, se pedía bajo conceptos que cambiaban y nunca le precisaron un monto final. "Nos faltaba esto y nos faltaba otra cosa para pagar", recordó.

El celular escondido en un colchón

El expediente sumó conversaciones halladas en un Samsung Galaxy A01 secuestrado el 3 de diciembre de 2024 dentro de un colchón, en una celda del penal jujeño. Según la acusación, desde ese aparato se hicieron llamados a víctimas y a dependencias de seguridad con identidades falsas.

En uno de los audios, del 19 de noviembre de 2024, el usuario del teléfono le cuenta a su pareja que se levantó "para tirar números, para ver si choreo algo", mientras cumplía horario en la cárcel. En el mismo celular había audios dirigidos a Daniel, comprobantes de transferencias, fotos de su documento y registros de las líneas que usaba con su pareja.

Las comunicaciones no se cortaron ni siquiera después de los allanamientos de diciembre de 2024. Una línea a nombre de Sebastián Ariel López, otro de los presos acusados, hizo cuatro llamadas a la víctima en enero de 2025, según los informes telefónicos citados en la requisitoria. La fiscalía sostiene que López y Walter Rodrigo Vargas se encargaban, entre otras tareas, de guardar, intercambiar y ocultar celulares y tarjetas SIM dentro del penal.

Crédito, electrodomésticos y teléfonos vendidos

Sin dinero disponible, Daniel y su pareja buscaron alternativas para seguir cumpliendo. Ella sacó un crédito bancario y los dos enviaron por encomienda tres electrodomésticos valuados en alrededor de $1,8 millones cada uno. También vendieron teléfonos para juntar fondos.

"Nosotros somos personas de bajos recursos", declaró la víctima. Dejó de pagar hacia fines de agosto de 2025, cuando las exigencias ya eran imposibles de sostener.

En medio de la estafa, los estafadores le pidieron que cambiara su número de teléfono y el de su pareja. La excusa: que las líneas podían estar intervenidas o ser hackeadas.

Otro dato del requerimiento conecta a la víctima con la estructura de comunicaciones de la banda. A nombre de Daniel se registraron 11 números que operaron en equipos usados por la organización. Uno de ellos llamó el 27 de enero de 2025 a la Guardia de Prevención de Gendarmería Nacional: quien atendió dijo ser Horacio Rosatti y pidió información sobre detenidos y sus familiares. Era la modalidad principal del grupo para reunir datos útiles para estafas y extorsiones.

Qué pidió la fiscalía

El fiscal Picardi solicitó que Acho, Ríos, López y Vargas vayan a juicio oral por asociación ilícita, usurpación de autoridad, dos hechos de estafa y extorsión mediante simulación de autoridad pública. En el caso de Acho, la acusación limita su intervención hasta el 10 de agosto de 2025, cuando salió de esa unidad penitenciaria.

La requisitoria, firmada el 4 de noviembre, también pidió investigar la posible participación de Arjona, Ayllón y Celeste Isabel Giménez, cuyas cuentas habrían recibido o canalizado parte del dinero obtenido en las maniobras.

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