Declaración clave en el caso Adorni: Amenazas, dinero en una clínica y el intento por “borrar” el viaje

La investigación por el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomó un giro dramático con el testimonio de la secretaria del piloto. Vanesa Tossi no solo detalló el opaco circuito de pago, sino que reveló presiones para que la empresa negara el viaje, una entrega de dinero con motoquero y anomalías en los controles aeroportuarios.

Su declaración ante el juez y el fiscal abrió una nueva dimensión en la causa. Según una fuente presente en la audiencia, Tossi ratificó el esquema de financiamiento ya bajo sospecha y aportó elementos que tensionan la situación procesal de los involucrados, ampliando el foco de la investigación.

Las presiones y el arrepentimiento

Uno de los momentos más críticos se vivió cuando trascendió públicamente el viaje. Tossi declaró que Marcelo Grandío, periodista, contratista del Estado y amigo de Adorni, le escribió ese mismo día con un mensaje inquietante: “¿Viste lo que está pasando? ¿Vos lo filtraste?”.

Ella respondió que no miraba los medios. Grandío, identificado como el financista del vuelo, le replicó enviándole notas periodísticas y comentando: “Este pseudo periodista dice esto porque se quedó sin pauta”. La secretaria afirmó sentirse amenazada por la insistencia y el tono de Grandío, quien durante su declaración testimonial la llamó para reclamarle.

El clima de la audiencia estuvo marcado por expresiones de arrepentimiento. “Me equivoqué, me quiero matar”, fue una de las frases que, según la fuente, pronunció Tossi en relación con la contratación. Admitió no conocer el delito de dádivas y que su empresa suele evitar contratar con políticos, pero hizo una excepción esta vez por tratarse de un pedido canalizado a través de un amigo.

La “invitación” y el circuito del dinero

Para los investigadores, un dato no menor fue la reiteración de una palabra clave. Tossi señaló que Marcelo Grandío usó el término “invitación” para referirse a la compra de los pasajes de Adorni en al menos cinco oportunidades.

La coordinación del pago se estructuró en torno a dos figuras: Grandío, como quien aportaba el dinero, y un hombre identificado como “Horacio” (Horacio Gómez, su apoderado), encargado de ejecutar las órdenes. Inicialmente, hubo un intento de que la operación no fuera facturada, manejándose fuera del circuito formal.

Ante la negativa de la empresa, el pago no se realizó en el momento del vuelo, sino días después. La logística fue llamativa: el dinero se canalizó a través de terceros e incluso fue enviado mediante un motoquero hasta una clínica donde la secretaria, Vanesa Tossi, se estaba realizando estudios.

El intento por “borrar” el rastro

La segunda etapa fue la de la facturación tardía y el posterior conflicto. Una vez que la empresa emitió el comprobante –con el caso ya expuesto–, el mismo circuito que coordinó el pago intentó desconocerlo.

A través de Horacio Gómez se envió una carta documento negando la validez de la factura y la existencia misma del viaje, calificándola de “falsa” y proponiendo resolverlo con una nota de crédito. Tossi declaró que a partir de ese momento dejó de atenderlo.

Este movimiento evidenció una tensión interna clave: mientras el dinero ya había sido entregado de manera informal, se intentó retroactivamente borrar su rastro documental. El piloto, Fernando Issin, no había mencionado esta carta documento en su declaración, por lo que es probable que la Justicia lo cite a ampliar testimonio.

Nueva dimensión: irregularidades en el aeropuerto

Uno de los datos más sensibles que emergió está vinculado al operativo aeroportuario el día del vuelo. Bajo juramento, Tossi aseguró que intervino el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con un dispositivo específico para facilitar la salida.

En ese contexto, se habría producido una anomalía en los controles migratorios. En lugar de verificar la identidad mediante el estricto reconocimiento facial, se escaneó únicamente el documento. Esta diferencia técnica implica una relajación de los protocolos de seguridad y amplía la investigación a posibles irregularidades en organismos estatales.

En paralelo, la pesquisa avanza hacia una línea patrimonial. El fiscal pidió alrededor de 12 medidas típicas de una investigación por enriquecimiento, incluyendo relevamientos de registros de propiedad, aeronaves y vehículos, para determinar si hubo beneficios económicos indebidos.