Declarar la emergencia por las inundaciones: el proyecto que tenía todo listo y quedó fuera de la sesión a último momento

Un giro inesperado en la Legislatura dejó sin tratamiento un proyecto clave para el sur provincial. Aunque contaba con dictamen y apoyo, la iniciativa para declarar la emergencia económica y social por las inundaciones fue retirada del temario. La razón no fue política, sino un descubrimiento que cambió todo.

La ley que ya estaba vigente

El proyecto impulsado por el oficialismo, con el respaldo parcial de la oposición, había obtenido luz verde en la comisión de Hacienda y Presupuesto. Sin embargo, las autoridades parlamentarias dieron marcha atrás al constatar que la provincia ya cuenta con un marco legal activo para estas crisis.

La observación clave la realizó el legislador opositor Claudio Viña (Compromiso Tucumán), quien ya había firmado un dictamen en minoría rechazando la propuesta de Gerónimo Vargas Aignasse. Viña calificó la iniciativa como una “sobreactuación”.

¿Por qué una nueva ley era innecesaria?

El parlamentario recordó que desde 2007 rige la Ley de Emergencia Hídrica y Social (N° 7.875), prorrogada recientemente hasta diciembre de 2026 mediante la Ley N° 9.941. Esta normativa contempla específicamente los escenarios que hoy vive el sur tucumano.

En declaraciones públicas, Viña profundizó su crítica. Sostuvo que este tipo de leyes no siempre se traducen en soluciones concretas para la gente y, a menudo, habilitan mecanismos de gasto con menor control. “Las leyes de emergencia no funcionan”, cuestionó, señalando las inundaciones recurrentes como prueba de la falta de soluciones de fondo.

El temario que sí se tratará

Fuentes parlamentarias confirmaron que la declaración de emergencia estuvo en el borrador inicial del orden del día para la sesión de este jueves, pero fue removida tras nuevas consultas que confirmaron que el Poder Ejecutivo ya tiene herramientas para actuar.

La sesión, presidida por Sergio Mansilla, tratará finalmente 13 temas. Uno de los más destacados es una iniciativa del Gobierno para modificar el Código Tributario Provincial. El objetivo es actualizar el tope de ingresos para acceder a la exención del Impuesto Inmobiliario, beneficiando a más jubilados.

También se debatirá un proyecto de Vargas Aignasse para ceder en comodato por 20 años un terreno en Cebil Redondo al Ministerio de Salud, destinado a construir una policlínica. Además, se contemplan dos proyectos para transferir inmuebles al municipio de La Cocha y regularizar su situación dominial.

Así, en un contexto de crisis climática, la Legislatura optó por evitar superposiciones legales y avanzar con una agenda que busca ordenar otras áreas de gestión pública, dejando de lado una declaración que consideraron redundante.