Decomisan las imprentas de Urribarri: qué pasará con los galpones de calle Racedo

El exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez están presos desde hace poco más de una semana, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazara los últimos recursos defensivos y dejara firme la condena dictada en abril de 2022 por un tribunal local. Ahora, la ejecución de esa sentencia sumó un nuevo capítulo: ordenaron el decomiso de los bienes que permanecían inmovilizados.

La disposición salió del despacho de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial el jueves pasado y fue directo a la Fiscalía de Estado de Entre Ríos. El detalle de lo que se confisca está en el punto XXII de la sentencia del 7 de abril de 2022.

Se trata de los inmuebles, vehículos y equipos tecnológicos que formaron parte de Tep SRL, una de las imprentas que tuvo Aguilera y que fue contratada en varias oportunidades por el gobierno de Entre Ríos cuando Urribarri estaba al mando. La confiscación es definitiva y alcanza tanto a bienes de la empresa como de los imputados.

¿Qué incluye el decomiso?

La lista abarca dos inmuebles sobre calle Racedo de Paraná: el 415 y el 409, con sus respectivas partidas y matrículas. También tres vehículos: un motovehículo Zanella ZB 100, una Ford F4000D y una Citroën Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.

En materia informática, el listado es extenso: CPUs de distintas marcas (Bangkok, Optiplex, Dell, HP, Lenovo, Datavision), una computadora all in one Bangock, una Apple con teclado y mouse, y un plotter de impresión Bili Neotitan.

Los fiscales aclararon un detalle práctico: los equipos informáticos ya están a disposición del tribunal porque fueron entregados como prueba durante el debate. El plotter, en cambio, había quedado en manos de Luciana María Belén Almada, una de las condenadas, como depositaria judicial, y ahora deberá entregarlo a quien designe la Fiscalía de Estado. Las computadoras que no fueron objeto de pericia quedan afuera del decomiso y volverán a quienes acrediten ser sus dueños.

El destino de los bienes

En el juicio, la fiscalía había sugerido un reparto: los inmuebles para el Poder Judicial, los vehículos para la Policía de Entre Ríos y las computadoras para el Consejo General de Educación (CGE). El tribunal no fijó ese destino. Se limitó a ordenar que, una vez firme la condena, todo quedara «a disposición del Estado provincial». Definir qué hará con las imprentas de calle Racedo será, ahora, una decisión del Ejecutivo.

Durante el juicio oral que se desarrolló entre 2021 y 2022, que ventiló cinco investigaciones acumuladas por corrupción y se conoció como “megajuicio”, se confirmó que la empresa de Aguilera fue montada al calor del poder político que amasaba su cuñado Urribarri. Aguilera consiguió en ese momento un crédito del Banco de Entre Ríos, con tasas preferenciales, que le permitieron armar las instalaciones, acceder a la maquinaria y poner en funcionamiento la estructura.

Por aquellos años, además de los buenos negocios que consiguió la imprenta con el gobierno de la provincia y empresarios afines a la gestión política de entonces, la firma se sirvió de la colaboración de agentes públicos que desarrollaban tareas para la empresa pero eran remunerados con sueldos del Estado. En ocasiones, las imprentas de Aguilera cobraron contratos con el Gobierno y no cumplieron con los servicios abonados.

Los embargos siguen vigentes

El oficio deja constancia de otro punto que la fiscalía pidió remarcar: «En la presente causa se encuentran vigentes las medidas cautelares trabadas sobre los bienes de los imputados a los fines de la reparación económica». Ya en la sentencia el tribunal había rechazado el pedido del abogado Esteban Díaz de levantar el 50 por ciento de los embargos. El decomiso alcanza a los bienes de la empresa; la reparación del daño al Estado es un reclamo distinto, y las trabas sobre el patrimonio de los condenados lo respaldan.