Decretó la libertad de una mujer que se hacía pasar por jueza, pero la fianza que le pusieron la dejó en jaque

La Justicia de San Rafael resolvió que Patricia Funes recupere la libertad en el marco de una investigación por presunta usurpación de títulos, luego de haber estado detenida. La decisión la tomó el juez de Garantías Claudio Gil en una audiencia celebrada en los Tribunales de la ciudad, según consignó InfoYa.

El magistrado entendió que, por ahora, la mujer no representa un riesgo concreto para el avance de la causa. Por eso fijó una fianza de 10 millones de pesos como condición para dejarla salir en libertad.

Funes no tiene antecedentes penales y, además del pago, deberá cumplir una serie de reglas de conducta. Entre ellas, la prohibición de usar redes sociales para seguir presentándose en público como una autoridad judicial.

Durante la audiencia, su defensa había pedido directamente la libertad o, en su defecto, el beneficio de la prisión domiciliaria.

Una detención que llegó tras varias citaciones ignoradas

La detención se concretó después de que Funes no se presentara a distintas citaciones judiciales. Ante su negativa a comparecer, se había ordenado su traslado con intervención de la fuerza pública, pero los procedimientos previstos tampoco habían dado resultado.

En paralelo, los investigadores encontraron publicaciones que la mujer había hecho en su cuenta pública de Facebook, donde mencionaba las citaciones y dejaba en claro su decisión de no concurrir.

Según trascendió desde el entorno de la investigación, Funes también habría grabado en video algunos de los operativos para concretar su comparecencia. Esas situaciones habrían generado momentos de tensión durante las intervenciones.

Finalmente, la Justicia ordenó su detención y fue trasladada a la Comisaría 60, donde quedó alojada. Luego fue sometida a evaluaciones psicológicas, cuyos resultados determinaron que era imputable.

Cómo arrancó la investigación

La causa se inició en agosto de 2025, en San Rafael, a partir de una serie de episodios en los que Funes se habría presentado ante distintas instituciones como "Juez Regente de la Corte Internacional de Justicia Real de la Gente".

Uno de los hechos que llamó la atención de los investigadores fue un supuesto intento de intervenir para conseguir la liberación de un hombre que estaba detenido por una causa penal.

Las actuaciones judiciales surgieron a partir de informes elaborados por efectivos de la Policía de Mendoza y personal del Servicio Penitenciario Provincial. Los episodios investigados tuvieron como escenario una dependencia policial, la Unidad Penal IV y también instalaciones vinculadas al Ejército Argentino.

Con la resolución del juez Gil, Funes seguirá vinculada al proceso pero en libertad, mientras avanza la investigación por la presunta usurpación de títulos y las demás circunstancias incorporadas al expediente.

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