Defendió el sorteo de casas del Ipav, pero admitió que hay más de 2.500 familias esperando

La presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (Ipav), Erica Riboyra, defendió el sistema de sorteo público para adjudicar casas sociales y aseguró que el organismo provincial continúa dando respuestas a las familias, en medio de los reclamos de un grupo de mujeres que se manifestó este miércoles frente a la sede del organismo en Santa Rosa.

Las manifestantes, que llevan varios años inscriptas en los registros del Ipav, denuncian que pagan alquileres que consumen gran parte de sus ingresos y que tienen familiares con problemas de salud o discapacidad. A pesar de la protesta, Riboyra remarcó que la asignación de viviendas seguirá rigiéndose por el sorteo público y no por decisiones discrecionales.

“Sé que detrás de cada familia que se acerca al Ipav hay una historia, una necesidad y muchas veces años de espera. Sé lo que significa pagar un alquiler, sostener una familia y vivir con la incertidumbre de no saber cuándo llegará la posibilidad de tener una casa propia”, expresó la funcionaria.

Riboyra señaló que el Ipav escucha y analiza cada reclamo, pero defendió la transparencia del sistema actual. “En el Ipav tenemos a la fecha más de 2.500 familias inscriptas y en condiciones de participar del sorteo, solo en Santa Rosa. Cada una tiene su historia y sus necesidades. Y justamente por eso, el acceso a una vivienda no puede depender de quién reclama más fuerte, de quién dice ser representante o de quién logra mayor visibilidad”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que “el sistema de adjudicación de viviendas es absolutamente público y transparente” y que esto “destierra cualquier tipo de dudas respecto de posibles arbitrariedades o injusticias en la entrega de las viviendas”.

“Eso no significa desconocer las situaciones particulares. Al contrario: significa escuchar, evaluar y buscar respuestas dentro de un sistema que debe cuidar a todos”, agregó.

Críticas al Gobierno nacional

La titular del Ipav también cuestionó el impacto de las políticas del Gobierno nacional en el acceso a la vivienda. “Los pampeanos soportamos una decisión injusta y cruel del Gobierno de Milei, que eliminó la construcción de viviendas y paralizó programas habitacionales fundamentales para miles de familias”, afirmó.

“Escuchamos a todos los pampeanos. Y en materia de viviendas damos las respuestas posibles, no las que quisiéramos. Sabemos que hay una demanda enorme y que detrás de cada inscripción hay una familia que espera”, sostuvo.

Frente a este escenario, destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener su política habitacional: “La Pampa decidió no quedarse de brazos cruzados. Seguimos construyendo. Seguimos gestionando. Seguimos buscando alternativas”.

“La vivienda no es un privilegio. Es un derecho. Y garantizar ese derecho requiere decisión política, recursos, planificación y un Gobierno que se haga cargo”, dijo.

“Los vamos a escuchar, vamos a evaluar cada situación y vamos a trabajar para encontrar respuestas”, concluyó.