Defensa de “El Militar” denuncia maltrato y aislamiento extremo en la cárcel de Benjamín Paz

La defensa de Felipe “El Militar” Sosa, acusado del crimen de Érika Antonella Álvarez, presentó una dura queja por las condiciones de su encierro en el penal tucumano. Sus abogados afirmaron que “lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán” y denuncian presión psicológica y violación de derechos. Además, solicitaron que sea evaluado por un especialista en salud mental por una supuesta abstinencia.

Un pedido de evaluación médica urgente

Los defensores Marcelo Cosiansi y Rubén Flores solicitaron en una audiencia que se aborden los problemas de abstinencia que, según ellos, atraviesa Sosa. Indicaron que el acusado está sufriendo una severa crisis y necesita asistencia, ya que en el penal de Benjamín Paz no se brinda ese tipo de contención.

Cosiansi también señaló que los anteriores abogados de Sosa cometieron un error al recomendarle que declarara ser un consumidor social de marihuana. Sostuvo que esa versión no es cierta y recordó que en varios medios se difundió que en las fiestas a las que asistía había platos con cocaína.

La postura de la fiscalía y la familia de la víctima

La auxiliar fiscal Luz Becerra, siguiendo instrucciones del fiscal Marcelo Leguizamón, aclaró la situación desde la acusación. Mencionó que antes de que Sosa fuera alojado, un perito lo examinó y fue contundente: determinó que no estaba intoxicado ni presentaba síntomas de abstinencia.

Becerra afirmó que no se oponen a que reciba atención médica, pero sí a que abandone el penal para ser evaluado. Carlos Garmendia, representante de la familia de Érika Álvarez, coincidió con esta postura, argumentando que es más conveniente que el especialista se traslade hasta la cárcel para realizar el informe.

Denuncias por malos tratos y condiciones de encierro

Los defensores realizaron fuertes denuncias sobre el trato que recibe Sosa. Cosiansi afirmó que durante su traslado fue maltratado y que sigue padeciendo presión psicológica y violaciones a sus derechos dentro del penal.

Rubén Flores agregó un detalle crucial sobre las dificultades para la defensa: cada vez que se entrevistan con su cliente, les asignan una sala separada por un vidrio, Sosa está acompañado por personal penitenciario y permanece con las manos y las piernas esposadas.

La declaración del acusado y el fallo del juez

Felipe Sosa se dirigió al tribunal reconociendo su situación. “Estoy viviendo un momento difícil. Cuando uno consume, piensa que todo está bajo control, pero ahora me doy cuenta de que no es así”, declaró el acusado de homicidio simple. También pidió poder tener contacto con otros internos, argumentando que está solo y no puede hablar con nadie.

El juez Eduardo González, antes de dar su fallo, señaló que no observó que Sosa estuviera afectado por un síndrome de abstinencia. No obstante, consideró necesario atender los planteos de la defensa. Por ello, ordenó que un especialista en salud mental lo evalúe y emita un informe sobre su estado en un plazo de 48 horas.

Además, el magistrado dispuso que el Servicio Penitenciario elabore un reporte sobre las condiciones de encierro de Sosa. Estableció un apercibimiento de una multa de $500.000 por día de demora en el cumplimiento de lo solicitado. La audiencia dejó en evidencia las tensiones en un caso que sigue conmocionando a la provincia.