Dejaron de ser solo herramientas: el nuevo estatus que ahora tienen los animales policiales en Salta
¿Sabías que los perros y caballos de la Policía de Salta ahora tienen derechos como alimentación, salud y retiro? Conocé todos los detalles de esta medida histórica.
Los perros y caballos de la Policía de Salta ya no son considerados meros instrumentos de trabajo. Una resolución del Ministerio de Seguridad provincial les reconoce derechos específicos y establece obligaciones para garantizar su bienestar, desde la alimentación hasta un retiro digno.
La medida se oficializó con la aprobación del “Reglamento de los Seres Sintientes No Humanos al Servicio de la Policía de la Provincia de Salta”, publicado en el Boletín Oficial. Según informó el medio El Caudillo, este cambio de paradigma modifica la forma en que la institución debe tratar a los animales que cumplen funciones operativas.
¿Qué derechos incluye la nueva normativa?
Entre los derechos contemplados figuran una alimentación e hidratación adecuadas, atención veterinaria permanente, controles periódicos de salud, tiempos de descanso y recreación, protección frente al maltrato, condiciones seguras de transporte y el acceso a un retiro digno una vez finalizada su labor.
Además, el reglamento establece que los animales solo podrán desempeñar tareas bajo la conducción de personal policial debidamente capacitado y certificado, con entrenamiento específico para cada función.
¿Quiénes se benefician y cómo se controlará?
El reconocimiento alcanza a los perros entrenados para la detección de drogas y explosivos, búsqueda y rescate de personas, rastreo e investigaciones, así como a los caballos utilizados en patrullajes preventivos, operativos de seguridad, eventos masivos y otras tareas propias de la fuerza.
Como parte de las nuevas disposiciones, cada animal contará con un legajo individual, identificación mediante microchip y un seguimiento permanente de su estado sanitario, entrenamiento y desempeño durante toda su permanencia en la institución.
La normativa también dispone que la Provincia deberá destinar recursos para garantizar su cuidado, priorizando los gastos relacionados con la alimentación, la salud y el bienestar.
