Demanda millonaria por El Cadillal: el juez avanza con pruebas clave y la empresa alega insolvencia
El juez federal ordenó avanzar con pericias claves en la millonaria demanda por la reparación del Cadillal. Mientras la Provincia busca recuperar una fortuna, la empresa concesionaria alega no poder pagar. ¿De quién es realmente la responsabilidad?
Una batalla judicial por cientos de millones de pesos llega a un punto crucial. El Juzgado Federal ordenó la designación de peritos para avanzar en la demanda de la Provincia contra la concesionaria del dique, en un caso donde la empresa argumenta no poder pagar.
El Gobierno de Tucumán busca recuperar una inversión multimillonaria destinada a reparar una de las presas del complejo hidroeléctrico “Celestino Gelsi”. Según las estimaciones oficiales, se destinaron aproximadamente $15.300 millones (a valores de diciembre de 2023) a las dos etapas de la obra, ejecutada desde el verano del año pasado.
¿Qué decidió el juez federal?
El magistrado Enrique Alonso Reguera, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 de Buenos Aires, rechazó las objeciones presentadas por la Provincia y el Estado nacional. Ambas partes se habían opuesto a las pruebas periciales ofrecidas por la empresa demandada, Hidroeléctrica Tucumán SA.
En consecuencia, el juez ordenó la designación de tres peritos a través del sistema de la Corte Suprema de la Nación. Los profesionales tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar sus informes sobre los puntos planteados por la concesionaria.
Los peritos que intervendrán
Los técnicos designados para actuar en la causa son la contadora Paola Coccia, la geóloga Florencia Victoria López Marcomini y el ingeniero hidráulico Martín Torres. Su tarea será expedirse sobre todos los aspectos de la pericia solicitada por la empresa.
La Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, conduce esta demanda, que es considerada la más importante desde el punto de vista económico promovida por la Provincia.
La estrategia de la empresa concesionaria
Mientras la Provincia confía en los “sólidos informes técnicos” que presentó, la firma Hidroeléctrica Tucumán SA parece seguir una estrategia dual. Por un lado, intenta demostrar su insolvencia para afrontar los costos de la obra reparadora. Por otro, argumenta que la responsabilidad de ejecutar esos trabajos no era suya, lo que motivó que se incluyera al Estado nacional como codemandado en la causa.
En sus presentaciones, la empresa sostuvo que el objetivo de la pericial contable es “demostrar que el quebranto de la ecuación fue de tal magnitud que se encontraba, y se encuentra a la fecha, impedida de llevar adelante la obra mencionada”. Achacó esta situación al Estado nacional, por una política de precios que, según alega, modificó los términos del negocio.
Los argumentos técnicos en disputa
Respecto a la pericia geológica, la concesionaria asegura que es “absolutamente necesaria y conducente para determinar quién es el que debe afrontar el pago de la condena”. La Provincia, en cambio, había considerado esta prueba como “notoriamente incongruente con el objeto de la litis”.
En octubre pasado, la Fiscalía de Estado se opuso formalmente a ambas pericias, calificándolas de “manifiestamente improcedentes, inconducentes e inadmisibles”. Sobre los informes contables, argumentó que los puntos a peritar eran “absolutamente ajenos a la cuestión debatida”.
Al fundamentar su decisión de avanzar con las pruebas, el juez Reguera aplicó el principio de amplitud probatoria. Consideró que las pericias ofrecidas por la demandada “se vinculan con los hechos controvertidos en autos” y que, por lo tanto, su producción no resulta manifiestamente inconducente.
El magistrado también advirtió que se debe contemplar “el derecho” que asiste a las partes en litigio “de acreditar los hechos que aleguen en favor de sus respectivas posiciones”. El monto definitivo de la demanda, que ya fue actualizado en dos oportunidades, podría sufrir nuevas modificaciones a lo largo de este complejo proceso judicial.
