Denuncia de un concejal contra un fiscal, desestimada: la Justicia ya definió

El fiscal Adolfo Díaz desestimó la denuncia que el presidente del Concejo Deliberante de Angaco, Alberto De los Ríos, había presentado contra el fiscal Francisco Nicolía y el concejal opositor Andrés Olivera. La presentación buscaba determinar si ambos habían incurrido en los delitos de coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de cargo.

Tras analizar los elementos aportados, Díaz consideró que no existen fundamentos suficientes para abrir una investigación penal y ordenó el archivo de las actuaciones, según dio a conocer el medio 0264 Noticias.

La resolución fue apelada por la parte denunciante y ahora será revisada por un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, quien deberá determinar si confirma el archivo o dispone que se avance con la investigación.

El origen de la denuncia

La presentación había sido realizada a mediados del mes pasado por De los Ríos, acompañado por la secretaria del Concejo Deliberante, Valeria Olivera. El titular del cuerpo legislativo cuestionó la actuación del fiscal Nicolía en el marco de una investigación que involucra al propio De los Ríos, a otros concejales y al intendente de Angaco, José Castro.

En esa causa también están siendo investigados los concejales Alejandro Paredes y Roberto López. En julio pasado, Nicolía formalizó la investigación y el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi autorizó su continuidad durante un plazo de siete meses.

De los Ríos sostuvo que el fiscal habría actuado de manera irregular al requerir información vinculada con ese expediente. Como parte de los elementos presentados, se incorporaron mensajes de WhatsApp y audios intercambiados entre Nicolía y Olivera. A criterio del denunciante, esas comunicaciones podían constituir delitos y justificaban el inicio de una investigación penal.

Qué evaluó el fiscal Díaz

Al analizar la presentación, Díaz concluyó que las conductas denunciadas no configuraban, en principio, hechos con relevancia penal. Uno de los aspectos considerados fue el contacto mediante WhatsApp entre el fiscal y una persona citada en el marco de una investigación. Para Díaz, no constituye por sí mismo un delito que un fiscal utilice ese medio para citar a declarar a una persona o que le advierta sobre las consecuencias que podría generar el incumplimiento de un requerimiento judicial.

El fiscal también tuvo en cuenta que Olivera había solicitado en el Concejo Deliberante el acta correspondiente a una sesión extraordinaria, en la que se había aprobado un convenio relacionado con el expediente que se encuentra bajo investigación. Desde esa perspectiva, consideró que existía una obligación de entregar documentación oficial vinculada con el funcionamiento del cuerpo deliberativo.

Díaz también cuestionó la interpretación realizada por el denunciante sobre los intercambios entre Nicolía y Olivera y consideró que su versión resultaba inverosímil o parcialmente inverosímil, sin que de los elementos incorporados surgiera una conducta que pudiera encuadrarse en los delitos denunciados. Con esos argumentos, el fiscal resolvió que no correspondía iniciar una investigación penal y dispuso el archivo de las actuaciones.

La decisión no quedó firme. De los Ríos apeló la resolución, por lo que el expediente pasó a una instancia de revisión. Ahora será un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales quien deberá analizar los argumentos de la apelación y definir si mantiene el criterio de Díaz o si considera necesario avanzar con nuevas medidas de investigación.