Denuncia explosiva: una diputada lleva a la Justicia al exministro de Defensa por el colapso de la obra social militar

La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri. Lo acusa de presuntas irregularidades en la administración del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, un caso que involucra a 650.000 afiliados y denuncia un “riesgo para la vida de los pacientes”.

La denuncia fue radicada ante la Justicia Federal y solicita investigar posibles delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona.

¿Qué pasó con la obra social de las Fuerzas Armadas?

El centro de la acusación es la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Según la denuncia de Arrieta, durante la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa, este organismo pasó de tener superávit y reservas a un escenario de endeudamiento creciente y crisis estructural.

Este deterioro financiero, sostiene el escrito judicial, tuvo consecuencias directas y graves en la atención médica de los afiliados. Se mencionan cortes de prestaciones, suspensión de servicios por parte de prestadores, demoras en pagos y reintegros, y la rescisión de convenios en distintas regiones del país.

La grave acusación: falta de medicamentos vitales

Uno de los puntos más graves de la denuncia es la falta de insulina y medicamentos oncológicos para los afiliados. El texto advierte específicamente sobre la “alta de provisión de insulina”, interrupciones en tratamientos oncológicos y demoras en medicamentos esenciales para enfermedades crónicas.

La diputada Arrieta fue contundente en su escrito: “La interrupción de estos tratamientos no es un problema administrativo: pone en riesgo la vida de los pacientes”. Incluso se mencionan casos donde la suspensión de tratamientos habría generado un agravamiento de enfermedades y consecuencias irreversibles, lo que motiva la inclusión de la figura penal de abandono de persona.

El misterioso préstamo de $40.000 millones

Otro eje central de la denuncia apunta a un préstamo de aproximadamente $40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Según la presentación judicial, estos fondos estaban destinados a modernización hospitalaria y sistemas informáticos.

Sin embargo, la denuncia afirma que no existe claridad sobre su aplicación concreta. Este hecho se da en paralelo, según el texto, a un escenario de desabastecimiento generalizado y colapso de prestaciones, lo que genera fuertes interrogantes sobre el destino final del dinero.

Además, la denuncia menciona contratos de gran magnitud con droguerías y proveedores privados, e indica que existirían inconsistencias entre esos gastos y la falta crítica de medicamentos, sugiriendo posibles irregularidades en la administración de los recursos.

Obstáculos en la investigación y pedidos a la Justicia

El escrito presentado por la diputada también advierte que, en instancias previas de investigación, habrían existido dificultades para acceder a documentación clave. Esto, según la denuncia, genera sospechas sobre el manejo de la información y la transparencia en la gestión.

Entre las medidas solicitadas a la Justicia Federal, Arrieta incluyó la entrega de informes financieros completos del organismo, el detalle de deudas con prestadores, todos los contratos con proveedores y la documentación completa del préstamo del IAF. También pidió la citación de afiliados, prestadores y representantes sindicales para ampliar la investigación.

La denuncia pone bajo la lupa la gestión de uno de los sistemas de salud más grandes del país en un caso que mezcla presuntas irregularidades financieras con un impacto directo en la salud de cientos de miles de personas.