Denuncia federal contra Adorni se amplía: la Justicia investigará un “circuito triangular” de dinero con su esposa

Una nueva presentación judicial sacude al Gobierno nacional al apuntar directamente al entorno más cercano del jefe de Gabinete. La diputada nacional Marcela Pagano amplió la causa federal contra Manuel Adorni, incorporando detalles sobre contratos de la consultora de su esposa con empresas proveedoras del Estado, lo que podría configurar un grave conflicto de intereses.

La ampliación del expediente, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, incorpora documentación sobre un contrato específico. Se trata de un acuerdo entre la consultora +BE, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, y la empresa naviera National Shipping SA.

¿Un conflicto de intereses en YPF?

La naviera es proveedora de YPF, compañía en la que el propio Manuel Adorni se desempeña como director. Según la denuncia, la consultora de Angeletti brindó capacitaciones para directivos de National Shipping en distintas fechas entre 2024 y 2025 por un total de $ 6.370.000.

Pagano sostiene que este vínculo es clave, ya que National Shipping mantiene contratos con YPF para el transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y recibe pagos de la petrolera estatal. En su escrito, la legisladora habla de un posible “circuito triangular de flujos económicos”, al sostener que una empresa que percibe fondos de una compañía estatal dirigida por Adorni contrató servicios profesionales de la firma de su esposa.

Presenté una ampliación de la denuncia penal por enriquecimiento ilícito a la esposa de @madorni para que explique sus gastos mensuales y a su vez que dé detalles de la operatoria comercial de su consultora “Más Be”. Tiene solo 3 clientes y son contratistas del Estado. Este… pic.twitter.com/icpde3f5bz

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 16, 2026

Más empresas estatales en la mira

La ampliación de la denuncia no se detiene allí y menciona otros vínculos comerciales de la consultora +BE con empresas que mantienen negocios con el Estado. Entre ellas aparece el Grupo Foggia, una empresa que participa en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis por 25 años.

Esta licitación depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que, crucialmente, está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que comanda el propio Adorni. Pagano también señala que la consultora tendría entre sus clientes al Grupo Datco, empresa tecnológica que presta servicios a organismos estatales como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, AySA y el Banco Nación.

En paralelo, la denuncia apunta a una licitación masiva para servicios de comunicación digital del Estado por más de $ 3.650 millones, en la que habrían participado empresas con vínculos societarios entre sí, sugiriendo una posible manipulación de los procesos de compra pública.

El pedido de investigar el patrimonio familiar

El núcleo de la ampliación presentada por Pagano es una solicitud concreta a la Justicia. La legisladora pidió que se investigue si hubo enriquecimiento ilícito de Bettina Angeletti, analizando en profundidad su situación patrimonial. Este pedido adquiere otro matiz tras conocerse que la semana pasada Angeletti viajó a Nueva York con Adorni en el marco de la gira internacional del presidente Javier Milei.

Pagano busca que la Justicia profundice la investigación sobre movimientos patrimoniales y posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los bienes registrados por la esposa del funcionario. A través de sus redes sociales, la diputada fue contundente: “Presenté una ampliación de la denuncia penal por enriquecimiento ilícito a la esposa de @madorni, para que explique sus gastos mensuales y a su vez que dé detalles de la operatoria comercial de su consultora ‘Más Be’. Tiene solo tres clientes y son contratistas del Estado”.

Y remató con una crítica política directa: “Este sinvergüenza es el mismo que se escandalizaba por la causa ‘Hotesur y Los Sauces’. Tienen doble vara! Son Corruptos en ejercicio del poder”. La causa, que ahora incorpora estos nuevos y graves elementos, queda en manos de la Justicia federal para su investigación.