Denuncia penal por créditos millonarios: los nombres que están bajo la lupa

Una diputada nacional presentó una denuncia penal para investigar si funcionarios y dirigentes accedieron a préstamos hipotecarios del Banco Nación a través de negociaciones incompatibles. La información, que incluye montos de hasta 350 mil dólares, fue revelada por los registros de la Central de Deudores del Banco Central.

Mónica Frade, legisladora de la Coalición Cívica, impulsó la acción judicial tras conocerse el otorgamiento de cientos de créditos a figuras predominantemente libertarias. Los datos fueron procesados en la plataforma “¿Cuánto deben?” y muestran transacciones que han generado fuertes cuestionamientos.

¿Quiénes son los beneficiarios señalados?

Entre los nombres mencionados se encuentran Juan Pablo Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, con un crédito de 113 millones de pesos. Pedro Inchauspe, director del Banco Central, y Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro Luis Caputo, ambos con préstamos de 510 millones de pesos.

También figuran Federico Furiase, secretario de Finanzas, con 376 millones; Emiliano José Mongilardi, director de YPF, con 309 millones; y Sharif Menem, sobrino y secretario privado de Martín Menem, con 357 millones. Además, los diputados nacionales de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni aparecen en la lista.

La respuesta del Banco Nación y las dudas persistentes

El Banco Nación emitió un comunicado desmintiendo irregularidades, afirmando que “acceder a los préstamos es homogéneo, sin excepciones”. Sin embargo, Frade advirtió que “desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares”.

La diputada cuestionó la relación ingreso-cuota en casos como el de Sharif Menem, cuyo ingreso estimado es de 2 millones de pesos, o el riesgo de cobro de la diputada Villaverde, quien posee varios conflictos con la ley penal. “Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, insistió.

El impacto en los ahorristas comunes

Frade expresó su preocupación por la “utilización privilegiada de los fondos públicos (de ahorristas comunes) que resultan inaccesibles para la mayoría de esos ahorristas”. Según la legisladora, esta situación podría afectar la reputación del banco y, con ello, su liquidez.

La denuncia penal busca esclarecer si hubo goce de privilegios y si se realizaron negociaciones incompatibles en el acceso a estos créditos hipotecarios. Los montos, que en algunos casos alcanzan los 350 mil dólares, han puesto el foco en las prácticas crediticias de la entidad bancaria.