Denuncia penal por millonaria demanda: el dato clave que desarma el reclamo de un exfutbolista
Una denuncia penal por asociación ilícita sacude los cimientos de un reclamo millonario. ¿Cómo pudo avanzar una demanda sin el respaldo contractual necesario? Los detalles que cambiaron todo.
Las autoridades de la Caja Popular de Ahorros confirmaron la presentación de una denuncia penal por presunta asociación ilícita en torno a una demanda millonaria del exjugador Adrián Arregui, que podría implicar un perjuicio superior a los $1.400 millones para el Estado provincial. El caso expone un entramado de irregularidades que ahora está bajo investigación judicial.
Durante una conferencia de prensa, el interventor Guillermo Norry y el subinterventor Antonio Bustamante fueron categóricos: “este jugador no tiene póliza con la Caja Popular”. Remarcaron que el propio club San Martín reconoció formalmente que los futbolistas nunca estuvieron incluidos en el sistema de ART del organismo.
Ese dato es clave para la defensa, ya que deja en evidencia que no existiría relación contractual que justifique el reclamo indemnizatorio. Sin embargo, la denuncia apunta más allá de una discusión administrativa.
¿Qué hay detrás de la denuncia penal?
Según detallaron las autoridades, la denuncia apunta a un posible entramado entre el demandante, profesionales médicos y actores vinculados al proceso judicial. Este entramado habría permitido sostener un reclamo millonario sin respaldo legal.
La figura elegida para la presentación fue la de asociación ilícita, lo que eleva la gravedad institucional del hecho. Detrás de esta decisión hay un dato alarmante revelado por un informe interno.
La advertencia que activó las alarmas
Un informe interno de la propia Caja, fechado el 13 de marzo de 2026, advertía que el organismo estaba al borde de una “sentencia condenatoria inminente” por más de $450 millones. Esta cifra podía escalar hasta superar los $1.200 o incluso $1.400 millones con intereses y actualizaciones.
La denuncia penal también se centra en la gestión anterior que contrató al estudio jurídico Iezzi y Varone Asociados en Buenos Aires. Según las actuales autoridades, esta gestión dejó a la CPA en una “indefensión total” al no responder la demanda ni presentar la falta de competencia de jurisdicción.
“Nos parece muy raro e irregular que un estudio jurídico del prestigio de Iezzi y Varone Asociados no conteste demanda y la justificación es que por un error involuntario”, señalaron las autoridades, sugiriendo una posible connivencia entre las partes.
Contradicciones que ponen en duda el reclamo
Una de las contradicciones más fuertes del caso surge de la evaluación médica. Mientras un informe médico le habría otorgado al jugador un 45% de incapacidad —clave para calcular la indemnización—, desde la Caja recordaron que el futbolista continuó su carrera profesional y compitió a nivel internacional poco tiempo después de iniciado el reclamo.
Esta continuidad en la actividad deportiva pone en duda la veracidad de esa evaluación médica. El origen del conflicto se remonta a una lesión sufrida en 2019, tras la cual el jugador volvió a la actividad en un corto plazo.
Años después, Arregui inició una demanda laboral en la provincia de Buenos Aires, lo que también abrió interrogantes sobre la jurisdicción elegida para litigar el caso.
¿Es este un caso aislado?
La investigación interna permitió detectar que no se trata de un hecho aislado. Según los informes analizados, existirían otros reclamos de futbolistas en condiciones similares, es decir, sin haber estado asegurados por la Caja.
Esta situación podría multiplicar el impacto económico para las arcas provinciales si se confirman más casos con las mismas características.
La estrategia para proteger los fondos públicos
La estrategia de la actual intervención es clara y tiene dos objetivos principales. Por un lado, buscan frenar el avance del juicio laboral que tiene audiencia prevista para fines de abril.
Por otro lado, avanzan con la investigación penal para determinar responsabilidades. En ese sentido, ya notificaron formalmente a San Martín de Tucumán y advirtieron que, si existe una condena, ejercerán el derecho de repetición contra el club para recuperar los fondos públicos comprometidos.
El caso sigue su curso judicial mientras las autoridades de la Caja Popular de Ahorros mantienen su postura firme sobre la falta de base contractual para el reclamo millonario.
