Denunciados por vender certificados médicos truchos y por violencia de género, siguen ocupando sus bancas como si nada. Una concejal libertaria los señaló sin filtro y desató la bronca en la Legislatura.
La discusión sobre hasta dónde puede sostenerse una banca cuando pesa una denuncia judicial volvió a instalarse en Salta. La concejal Agustina Álvarez salió a respaldar el regreso de Maximiliano Casasola al Concejo Deliberante y usó la ocasión para marcar diferencias con el oficialismo provincial.
La edil de La Libertad Avanza habló con Somos la Mañana y defendió la reincorporación de su par libertario, apartado del cuerpo desde mayo mientras la Justicia avanzaba con la causa en su contra.
El contraste que plantó Álvarez
Según su lectura, el bloque libertario actuó con responsabilidad institucional al acompañar la suspensión de Casasola hasta que hubiera definición judicial. Y ahí fue donde apuntó hacia arriba: para la concejal, en la Legislatura provincial no se aplicó la misma vara.
"No se puede decir lo mismo del espacio político a nivel provincial, que tiene diputados que han sido denunciados por presuntas ventas de certificados médicos truchos para cobrar pensiones cuando no correspondían, y esas personas hoy están ocupando una banca y no se los suspendió", disparó.
La edil redobló la acusación al mencionar otro grupo de legisladores. "Un montón de concejales y diputados que fueron denunciados por sus exparejas por violencia de género ocupan hoy bancas sin que sus compañeros hayan tomado ninguna decisión como la que nosotros tomamos", sostuvo.
El expediente que destrabó la discusión
Las declaraciones llegan en medio del trámite por la vuelta de Casasola, que ya está en marcha en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.
El edil suspendido presentó una nota que tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles. Allí informó el archivo judicial de la causa y reclamó su reintegración inmediata al cuerpo.
Con ese escrito sobre la mesa, este viernes se reúne la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial. Los integrantes evaluarán los alcances de la resolución judicial, sin descartar pedir datos directamente a la Justicia, y deberán elaborar el dictamen que después se someterá a votación en el recinto.
Álvarez estimó que, si el proceso avanza sin trabas, el regreso efectivo de Casasola podría concretarse en un plazo de una a dos semanas.
