Denuncian a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: dónde está el metal, la pregunta que incomoda
Una denuncia penal contra Caputo y Bausili pide investigar las operaciones con el oro del Banco Central y exige saber dónde está el metal. La AGN detectó un rojo de US$ 1.023 millones, pero el BCRA dice que ganó. La Justicia ahora deberá reconstruir cada decisión.
La polémica por las reservas de oro del Banco Central desembarcó en la Justicia. Una denuncia penal apunta al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular del BCRA, Santiago Bausili, para que se investigue si las operaciones financieras con el metal precioso pudieron configurar delitos contra la administración pública.
El escrito no se limita a los números: exige saber quiénes tomaron las decisiones, con qué fundamentos y si hubo perjuicio para el Estado. También reclama información concreta que hasta ahora el organismo no habría entregado.
La pérdida que encendió la alarma
El antecedente que precipitó la presentación es el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central al cierre de 2025. Allí se detectó un resultado negativo de US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro, equivalente a unos $1,47 billones a valores de cierre.
La cifra se desglosa en dos partidas: US$ 960,2 millones por resultados negativos asociados a opciones financieras y US$ 62,8 millones por pago de primas. Para la AGN, esos conceptos explican el rojo informado en el ejercicio.
El Banco Central, en cambio, rechazó esa interpretación. Sostuvo que su posición en oro, incluidas las coberturas, arrojó una ganancia neta de US$ 2.505 millones y cuestionó el enfoque de la auditoría, al que le atribuyó motivaciones políticas.
Opacidad y falta de trazabilidad
La denuncia sostiene que el BCRA mantuvo una política de opacidad sobre la composición, la localización y el uso de las reservas de oro, lo que habría dificultado la fiscalización. Por eso pide que se intime a Bausili a remitir informes que identifiquen dónde está físicamente el oro, cómo se utiliza y qué dictámenes internos respaldaron las operaciones.
El texto también apunta a reconstruir el circuito administrativo: qué funcionarios intervinieron en cada etapa, si se evaluaron los riesgos y si los resultados se correspondieron con los objetivos que justificaron las operaciones.
Un punto clave es que la denuncia no prueba por sí misma la existencia de un delito. Solo busca que la Justicia investigue si las decisiones se tomaron dentro de las atribuciones de los funcionarios y si causaron un perjuicio patrimonial. La calificación legal quedará sujeta a las pruebas que se incorporen al expediente.
La hipótesis del colateral
En declaraciones radiales, el ex ministro Emmanuel Alvarez Agis lanzó una sospecha que sobrevuela el caso: que el oro se haya usado como garantía de un endeudamiento externo del Banco Central.
"Mi impresión es que el oro fue usado como colateral de un endeudamiento externo del Banco Central. ¿Por qué pienso esto? Porque cuando compras un seguro, vos no tenés que sacar el activo subyacente fuera de tu jurisdicción. Lo digo en castellano. Yo puedo decirle a un banco del exterior, che, tengo una tonelada de oro, me quiero cubrir contra una baja del precio del metal", señaló Alvarez Agis.
La declaración refuerza uno de los ejes de la denuncia: la necesidad de saber si el metal sigue en el país o si fue movido como respaldo de alguna operación financiera.
Qué se pide a la Justicia
El escrito reclama que se investigue la eventual comisión de delitos vinculados con el manejo de caudales públicos. Para eso, solicita documentación sobre la ubicación de las reservas, las modalidades de utilización y los informes internos que hayan respaldado las operaciones.
También plantea que la administración de las reservas internacionales no puede quedar fuera de los mecanismos de control por tratarse de decisiones de política monetaria. Aunque el BCRA tenga facultades para administrar sus activos, la denuncia sostiene que esas atribuciones no eliminan la obligación de justificar decisiones con consecuencias sobre el patrimonio público.
La discusión de fondo excede el resultado contable: se trata de establecer si hubo controles suficientes, si los riesgos se midieron y si la información disponible permite reconstruir cada paso. La trazabilidad del oro y la documentación de las operaciones son, precisamente, los interrogantes que rodean el caso.