Denuncian a diputada por no borrar publicaciones tras orden judicial

El gobernador Osvaldo Jaldo denunció este miércoles a la diputada nacional Soledad Molinuevo por incumplimiento judicial. La presentación se realizó ante el juez Pedro Cagna, de la V Nominación en lo Civil y Comercial de la Capital, luego de que la referente de La Libertad Avanza mantuviera activos posteos considerados agraviantes contra el mandatario.

La abogada de Jaldo, Paula Morales Soria, formalizó la denuncia tras una sentencia del 15 de marzo que ordenó la eliminación de las publicaciones. Molinuevo había realizado estos comentarios tras la agresión sufrida por el diputado Federico Pelli en La Madrid, incidente por el cual Marcelo “Pichón” Segura está detenido bajo prisión preventiva en la cárcel de Benjamín Paz.

¿Qué decían las publicaciones?

En los posteos, la diputada aludía a “prácticas mafiosas y oscuras de la vieja política”. Además, hacía “responsable al gobernador y al ministro del interior de Tucumán de lo que pueda pasarme a mi, a mi familia y a todo el equipo de La Libertad Avanza”.

El juez Cagna hizo lugar parcialmente a lo requerido por Jaldo el 13 de marzo, instando a Molinuevo a eliminar los comentarios, aunque no consideró oportuno expedirse sobre un pedido de disculpas públicas.

¿Cómo respondió la diputada?

Molinuevo, representada por el abogado Ricardo José Tomás Paz, planteó un recurso para solicitar la suspensión de la resolución judicial. Cagna rechazó esta solicitud, pero concedió el martes el recurso de apelación, por lo que la cuestión pasará a un tribunal superior.

La dirigente también recurrió a la Justicia Federal de Tucumán para solicitar la inhibitoria del fuero local, argumentando que están en juego prerrogativas como miembro del Congreso de la Nación y que se la está censurando. Además, objetó la competencia provincial en su contestación ante el Juzgado Civil y Comercial.

¿Qué pide la denuncia?

Morales Soria enumeró en el escrito las distintas instancias superadas en la causa y advirtió que “no existe absolutamente ningún margen jurídico que habilite el incumplimiento” de la sentencia. Destacó que la demandada es abogada, con conocimiento pleno del régimen de medidas autosatisfactivas y de que la apelación carece de efecto suspensivo.

“Estamos frente a una conducta extremadamente consciente, intencional, estratégicamente orientada a eludir una orden judicial”, añadió la letrada. Señaló que Molinuevo interpuso un planteo solicitando suspensión “a sabiendas de su improcedencia legal” y persistió en el incumplimiento incluso luego de que el tribunal rechazara expresamente dicha suspensión.

En un petitorio de siete puntos, Morales Soria requirió que se intime a Molinuevo “con habilitación de días y horas inhábiles a dar estricto e inmediato cumplimiento a la medida ordenada”. También pidió que se fije un plazo perentorio y breve bajo apercibimiento de ley, y se impongan astreintes (sanciones conminatorias diarias) en caso de incumplimiento.

Además, solicitó que se ordene “la remisión de antecedentes al Ministerio Público Fiscal por la posible comisión del delito de desobediencia judicial” y “se tenga presente la conducta procesal de la demandada a todos sus efectos”.