Denuncian a dos funcionarios de Chaco por un pago millonario a una consultora porteña

El diputado provincial Santiago Pérez Pons, junto a su par Nicolás Slimel y otros legisladores, presentó una denuncia penal contra el ministro de Hacienda y Finanzas, José Alejandro Abraam, y la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, por presuntas irregularidades y malversación de fondos públicos en la contratación de servicios de consultoría privada.

La presentación judicial detalla un esquema en dos etapas: la primera, ya consumada, consistió en el pago directo y sin licitación de $1.887 millones del Tesoro Provincial a través de ECOM Chaco S.A. para la realización de un «informe de diagnóstico». La segunda etapa, actualmente en concurso público, pretende contratar a la misma firma privada por cuatro años por un valor total de $31.340 millones.

Un informe a medida pagado sin licitación

Según consta en las órdenes de pago N° 24854, 47484 y 74238, la ATP efectuó tres transferencias de $629 millones cada una, imputadas falsamente a la partida de «informática y sistemas» cuando correspondían a servicios de consultoría.

«Le pagaron $1.887 millones a una consultora de Buenos Aires para que escriba un informe, y con ese mismo informe escribieron el pliego para licitar un contrato de 31.000 millones de pesos. Es un negocio redondo montado desde el propio Ministerio de Economía a costa de la plata de los chaqueños», aseveró Pérez Pons.

Entrega del secreto fiscal y poder de fiscalización

El concurso público convocado por Fiduciaria del Norte S.A. otorga a la empresa adjudicataria el control del padrón completo de Ingresos Brutos, las declaraciones juradas y la cuenta corriente de todos los contribuyentes del Chaco. Asimismo, faculta a la firma privada a elaborar la matriz de riesgo que define qué comercios y productores serán inspeccionados.

«Si pagás impuestos en el Chaco, esto te toca directamente. Le están entregando a una empresa privada con sede en Buenos Aires tu declaración jurada, lo que facturás y lo que debés. Además, pretenden que un privado redacte las leyes tributarias y el nuevo Impuesto Inmobiliario que va a votar la Legislatura», advirtió el legislador.

En tanto, Pérez Pons remarcó que el proceso licitatorio fue diseñado para impedir la participación de oferentes locales o eventuales impugnaciones: el llamado se realizó con solo dos días hábiles de plazo, presentándose tres empresas porteñas con cotizaciones casi idénticas (apenas 0,58% de diferencia entre las primeras dos). Además indicó que se fijó una fianza de $1.567 millones como requisito para presentar cualquier reclamo.

«Mientras a los trabajadores de la ATP no les compran computadoras ni insumos básicos para operar, el Gobierno destina $21 millones por día para consultoras privadas. Exigimos que se frene de inmediato la adjudicación, que el Tribunal de Cuentas intervenga y que los funcionarios responsables den un paso al costado y renuncien», concluyó el economista chaqueño.