Denuncian a la cúpula de OSPIA por desvío de fondos y presunto lavado de activos
Un afiliado denunció a los directivos de OSPIA por administración fraudulenta y desvío de fondos. ¿Qué descubrió la Justicia Federal?
La Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA) quedó en el centro de una investigación judicial por una denuncia que apunta contra sus directivos por administración fraudulenta, desvío de fondos y posible lavado de activos con recursos de los trabajadores.
La presentación fue impulsada por un afiliado, quien solicitó investigar al presidente Juan Ramón Correa, al tesorero Carlos Castillo y a otros miembros de la conducción. También reclamó medidas para preservar documentación financiera y contable.
¿Qué maniobras se investigan?
Según la denuncia, las supuestas irregularidades se habrían desarrollado desde 2021 mediante un mecanismo sistemático de uso irregular de recursos de la seguridad social. Entre las prácticas señaladas figuran sobrefacturaciones en prestaciones médicas, contrataciones con proveedores vinculados a las autoridades y pagos sin respaldo documental.
Uno de los puntos más sensibles es el área de discapacidad: se advierte sobre bajas de afiliados electrodependientes y con patologías complejas, mientras aumentaban las facturaciones por tratamientos específicos.
Incumplimientos en coberturas médicas
La denuncia también menciona presuntos incumplimientos en la cobertura de medicamentos oncológicos, cirugías y tratamientos del Programa Médico Obligatorio (PMO). Varios afiliados habrían recurrido a amparos para acceder a prestaciones esenciales.
Además, se describe un circuito de facturación irregular a través de empresas vinculadas a servicios traumatológicos y de ortopedia, que concentraron contrataciones de altos montos.
¿Qué pidió el denunciante?
El afiliado solicitó investigar movimientos patrimoniales de directivos y familiares, mencionando propiedades y vehículos que no guardarían relación con sus ingresos declarados. También pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los denunciados, auditorías de contrataciones desde 2021, análisis de transferencias y revisión de cuentas bancarias y cajas de seguridad.
La denuncia alcanza a autoridades, empleados administrativos, integrantes del Consejo Directivo y prestadores médicos que habrían participado en maniobras de triangulación de fondos.
