Denuncian a legislador, interventor y ex ministra por desvío de $26,7 millones en ayuda social
Una denuncia penal presentada en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana acusa al legislador Hugo Ledesma, al interventor de la Caja Popular José Díaz y a la ex ministra de Desarrollo Social Lorena Málaga de integrar una estructura que habría desviado mercadería social por $26,7 millones en 2023. La presentación se apoya en los acuerdos
Una denuncia penal solicita la detención de ocho personas, incluyendo al legislador Hugo Ledesma, al interventor de la Caja Popular José Díaz y a la ex ministra Lorena Málaga, por un presunto desvío de mercadería social valuado en $26,7 millones durante 2023. La causa se basa en irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.
Una denuncia penal presentada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana acusa a ocho personas de integrar una estructura que habría desviado mercadería social por $26,7 millones en 2023. Entre los imputados figuran el legislador Hugo Ledesma, el interventor de la Caja Popular José Díaz y la ex ministra de Desarrollo Social Lorena Málaga.
La presentación, realizada el 15 de noviembre y patrocinada por los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, se fundamenta en los acuerdos N.º 5.140 y N.º 5.184 del Tribunal de Cuentas, que detectaron 12 entregas irregulares de subsidios en especie sin convenio ni beneficiarios identificados.
El Tribunal de Cuentas calculó un perjuicio patrimonial de $26.791.604,22 por entregas de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular durante 2023, sin programa ni convenio que lo avalara.
Medidas solicitadas
La denuncia no se limita a pedir que se investigue, sino que reclama medidas inmediatas:
- Detención preventiva de los ocho denunciados
- Allanamiento de nueve domicilios particulares
- Allanamiento de las dos sedes de la Caja Popular de Ahorros
- Secuestro de teléfonos celulares para pericias UFED
Los imputados y sus roles
Según la denuncia, los ocho señalados por el desvío de mercadería social son:
- Lorena Luz María Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social
- José César Díaz, interventor de la Caja Popular de Ahorros
- Hugo Guillermo Ledesma, ex subinterventor de la Caja Popular y actual legislador provincial
- Jorge Alberto Garay, agente de la Caja Popular y delegado de Actividad Hípica
- Flavio Gerardo Corres, agente de la Caja Popular
- Luis Enrique Carranza, vinculado operativamente a la Caja Popular
- Julio Bernardo Naser, vinculado a la Caja Popular
- Carlos Emilio Nallib Budeguer, también vinculado al ente
La denuncia describe una cadena de responsabilidades donde Málaga firmaba las Órdenes de Autorización de Entrega de Mercadería desde el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que Díaz y Ledesma, desde la conducción de la Caja Popular, solicitaban formalmente las órdenes.
El circuito irregular
La mecánica detectada por el Tribunal de Cuentas era simple y reiterada:
- El Ministerio de Desarrollo Social emitía Órdenes de Autorización a nombre de la Caja Popular como “beneficiaria”
- Funcionarios y empleados de la CPA solicitaban las órdenes
- Personas vinculadas a la Caja retiraban la mercadería de los depósitos oficiales o de proveedores privados
- Nunca se documentaba el destino final de esos bienes ni quiénes eran los supuestos beneficiarios
Las 12 órdenes analizadas incluían alimentos, chapas sinusoidales, camas cuchetas, mesas y sillas, entre otros bienes. El Tribunal de Cuentas concluyó que se configuró un “mecanismo irregular” que no respetó la normativa vigente.
Contexto político
En el centro político del conflicto aparece el diputado nacional Carlos Cisneros, jefe histórico de La Bancaria y hombre fuerte de la Caja Popular, a quien distintos actores ubican como articulador de la estructura, aunque no figura como denunciado en esta causa.
La denuncia plantea un escenario incómodo para el gobernador Osvaldo Jaldo y para la Legislatura, ya que si el fiscal pide la detención de Hugo Ledesma, tendrá que solicitar antes el desafuero del legislador.
El caso impacta en el corazón del peronismo tucumano: una ex ministra de Juan Manzur, un interventor designado por el Ejecutivo y un legislador del oficialismo están bajo la lupa por el uso de recursos sociales en plena campaña 2023.
Próximos pasos
El fiscal que recibió la denuncia tiene tres caminos posibles: archivar la causa, ordenar una investigación limitada sin allanamientos ni detenciones, o impulsar un operativo de alto impacto con allanamientos simultáneos, secuestro de celulares para pericias UFED y detención de los ocho denunciados.
La decisión no será sólo jurídica, sino que será leída como una prueba sobre hasta dónde llega el poder real de la estructura que rodea a la Caja Popular y si las instituciones de control están dispuestas a avanzar cuando los acusados integran el círculo duro de la política provincial.
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