Denuncian a Tettamanti por habilitar a una petrolera que estaba prohibida por Malvinas
Un fiscal anticorrupción denunció a la secretaria de Energía y a su antecesor por dejar operar a una petrolera británica que estaba inhabilitada por Malvinas. La clave está en una cláusula contractual que lo dice todo.
La Secretaría de Energía, bajo la gestión de María del Carmen Tettamanti, quedó en el centro de una denuncia penal por presuntamente haber permitido que una petrolera británica inhabilitada operara en el país. La acusación la presentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y alcanza también al antecesor de Tettamanti, Eduardo Rodríguez Chirillo.
Según el escrito, ambos funcionarios habrían avalado el desembarco de Harbour Energy, sucesora de Premier Oil, firma que en 2013 fue sancionada por realizar actividades hidrocarburíferas en zonas cercanas a las Islas Malvinas sin autorización argentina. La prohibición rige hasta 2028 y alcanza a cualquier actividad directa o indirecta de la compañía.
La denuncia fue radicada el 29 de septiembre pasado por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la PIA, en los tribunales de Comodoro Py. El expediente quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien a pedido del fiscal Carlos Stornelli dispuso una serie de medidas para reunir documentación sobre Harbour Energy y sus operaciones.
La tesis de la fiscalía
La PIA sostiene que Harbour Energy y Premier Oil son “la misma persona” y que la Secretaría de Energía contaba con documentación que lo acreditaba. Pese a ello, según la denuncia, se le permitió a Harbour concretar “negocios de una magnitud extraordinaria”, controlar “indirectamente participaciones en licencias de explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta y en la Cuenca Marina Austral” y beneficiarse con contratos con empresas públicas.
El fiscal Rodríguez aclaró que “en el estado actual de la investigación no se cuenta con elementos que permitan afirmar la existencia de pagos, promesas o beneficios indebidos” para los funcionarios. No obstante, consideró que “el carácter reiterado de las irregularidades detectadas, su aptitud para remover impedimentos legales concretos y la extraordinaria significación económica de los negocios posibilitados justifican que la investigación penal procure determinar si existió algún tipo de contraprestación o acuerdo indebido entre funcionarios públicos y representantes de las empresas beneficiadas”.
En esa línea, la denuncia advierte: “No resulta lógico suponer que los funcionarios de la Secretaría de Energía hayan incumplido su deber de aplicar la ley 26.659 de manera flagrante y reiterada para favorecer a una empresa extranjera sin recibir nada a cambio”.
Además de Tettamanti y Rodríguez Chirillo, la denuncia incluye a Horacio Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos, quien el 26 de diciembre de 2024 otorgó el certificado de reinscripción de Harbour Energy Argentina Limited S.E.E. en el Registro de Empresas Petroleras. También apunta a un apoderado de la firma en el país, acusado de omitir información para lograr la inscripción.
El origen de la investigación
La PIA abrió el caso a partir de una denuncia de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) también había expuesto la situación: a principios de septiembre les pidió explicaciones públicas a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno y advirtió que la continuadora de Premier Oil había sido beneficiada con el RIGI.
El tema cobró notoriedad días antes, cuando el 3 de septiembre el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional un plan para endurecer las sanciones contra las empresas que operen sin autorización en la zona de Malvinas. “Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía”, había advertido el mandatario.
La “Condición del Perdón Argentino”
El expediente reconstruye que en 2024, ya con el nuevo gobierno, Harbour Energy reactivó su interés por la Argentina. Compró los activos globales de la petrolera alemana Wintershall Dea AG y en el contrato de adquisición se incluyó una cláusula bautizada “Condición del Perdón Argentino”. Esa condición supeditaba el cierre de una operación de 11.200 millones de dólares a que Harbour lograra inscribir a su subsidiaria Harbour Argentina en el Registro de Empresas Petroleras.
Para la PIA, esa cláusula “demuestra que las empresas tenían pleno conocimiento de los impedimentos legales que pesaban sobre Harbour Energy para realizar actividades en la República Argentina”, según remarcó Rodríguez.
La fiscalía argumenta que la inscripción era legalmente imposible porque la legislación argentina no prevé ningún “perdón” para una empresa sancionada mediante resolución firme por violación de la ley 26.659. Por lo tanto, la “Condición del Perdón Argentino” solo podía cumplirse mediante “un acto que simule su regularidad omitiendo antecedentes de hecho y derecho esenciales, como finalmente ocurrió”, según la denuncia.
Pese a la inhabilitación, Harbour Argentina se inscribió en el Registro de Empresas Petroleras el 14 de febrero de 2024 y se reinscribió el 26 de diciembre de ese año. La PIA sostiene que esos actos administrativos están viciados de nulidad absoluta por haber sido dictados en violación de la ley aplicable.
El avance sobre Vaca Muerta
La denuncia detalla que el 3 de septiembre de 2024 Harbour Energy compró Wintershall Dea Argentina S.A. y “pasó a controlar participaciones en los bloques Aguada Pichana Este y San Roque de Vaca Muerta, y en la Cuenca Marina Austral 1 de Tierra del Fuego”. Además, se convirtió en “beneficiaria final de contratos de provisión de gas con Cammesa y Enarsa”.
La PIA señala que la reinscripción de Wintershall Dea Argentina en el Registro de Empresas Petroleras se otorgó el 16 de agosto de 2024, antes de que Harbour Energy plc adquiriera el control indirecto. Sin embargo, una vez perfeccionada la operación, Wintershall informó a la Secretaría de Energía que Harbour se había convertido en su controlante final. Para la fiscalía, pese a contar con esos antecedentes, los funcionarios no actuaron y permitieron que Wintershall continuara registrada bajo el control de una empresa legalmente inhabilitada.
El escrito también apunta que Harbour Energy plc posee, a través de SE Argentina Holdings B.V., una participación del 15% en Southern Energy S.A. (SESA), consorcio que lidera uno de los proyectos de exportación de GNL más grandes del país. La Secretaría de Energía otorgó a SESA dos certificados de autorización de libre exportación de GNL por treinta años (Resoluciones SE 165/2025 y 353/2025), sin considerar los efectos de la sanción administrativa que pesaba sobre su accionista Harbour Energy plc, según la denuncia.
Los antecedentes y las respuestas pendientes
La sanción original data de 2013, cuando la Secretaría de Energía inhabilitó a Premier Oil mediante la resolución 481/13 hasta el 9 de octubre de 2028. La PIA recuerda que Premier conservó su número de registro, su identificador internacional LEI y su fecha de admisión bursátil, y que se fusionó con Chrysaor Holdings Limited para luego cambiar su razón social a Harbour Energy plc. “Este cambio de nombre no tuvo ningún efecto sobre sus obligaciones, conforme al derecho británico que rige su constitución”, sostiene la denuncia. “La inhabilitación impuesta en 2013 resulta, por lo tanto, plenamente aplicable a la sociedad con su nueva denominación”.
En 2021, la Secretaría de Energía había iniciado actuaciones administrativas contra Harbour Energy y Navitas Petroleum por infracción a la ley 26.659. En esos expedientes, según el fiscal, se incorporaron los antecedentes de la fusión y se calificó a Harbour como “continuadora de Premier Oil plc”. El 23 de septiembre de 2021, la entonces titular de la Dirección Nacional de Malvinas, Sandra Rosa Pitta, informó que Harbour había anunciado el abandono del proyecto Sea Lion. Luego de ese retiro, las actuaciones quedaron paralizadas y nunca se dictó una resolución definitiva.
La PIA también detalla que le solicitó a Tettamanti la remisión del expediente de inscripción de Harbour Argentina en cuatro oportunidades, con oficios del 3 de marzo, 30 de marzo, 25 de abril, 24 de mayo y 4 de julio de 2026. Pese a los pedidos y a la intimación de que se formularía una denuncia penal, la funcionaria no remitió la documentación. “La falta de entrega de la documentación requerida, pese a los reiterados pedidos, refuerza las dudas sobre su regularidad”, concluye la presentación.
LA NACION consultó a la Secretaría de Energía, que no respondió al momento de la publicación, y a Harbour Energy, que no hizo declaraciones. Fuentes del sector que defienden a la compañía sostuvieron que no es una mera continuación de Premier bajo otro nombre, que tenía una trayectoria propia anterior y que se constituyó una nueva empresa con nuevos accionistas y nuevo control y dirección. Alegaron también que Harbour se retiró definitivamente del proyecto de Malvinas tras la intimación de las autoridades argentinas en 2021 y que tiempo después decidió convertir al país en un pilar esencial de sus negocios.