Denuncian al juez de la quiebra de SanCor: lo acusan de montar un esquema para evitar auditorías

La quiebra de la histórica cooperativa láctea SanCor sumó un nuevo capítulo de tensión institucional en Santa Fe. Un síndico independiente denunció al juez Marcelo Gelcich ante la Corte Suprema provincial por presuntas irregularidades que incluyen la designación arbitraria de una coadministradora y la desaparición de más de 24 toneladas de queso bajo custodia judicial.

Según la denuncia, el juez habría creado un esquema de poder paralelo dentro del expediente para neutralizar las auditorías independientes. Para ello, habría designado directamente a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, eludiendo el sorteo legal obligatorio. Aunque su rol inicial era asistir a los síndicos, la denuncia sostiene que terminó asumiendo funciones exclusivas de la sindicatura, transformándose en un “órgano de supresión de control”.

¿Qué pasó con los quesos desaparecidos?

Uno de los puntos más alarmantes es la desaparición de 24.640 kilogramos de queso que estaban bajo resguardo judicial (warrants). El faltante, valuado en al menos US$ 209.440, nunca ingresó a las cuentas del juzgado. El magistrado rechazó la denuncia, validó un acuerdo privado entre la empresa y el acreedor, y sancionó a los profesionales que expusieron la irregularidad.

La denuncia también detalla maniobras específicas: en un caso, la intervención de los síndicos disidentes logró corregir una transacción y aumentar su valor en US$ 635.000. Sin embargo, el clima de hostigamiento provocó la renuncia de uno de los síndicos, Oscar Epstein, y el juzgado no cubrió su cargo con un nuevo sorteo, manteniendo una sindicatura reducida.

¿Cómo operaba el supuesto mecanismo?

El denunciante describió una metodología sistemática: “fabricar incumplimientos” fijando plazos imposibles de cumplir para luego sancionar a la sindicatura disidente y transferir sus tareas a la coadministradora afín. Además, cuestionó la tasación de las unidades productivas, realizada en solo seis días y con el incendio de la planta de Sunchales en el medio, lo que perjudicaría a los acreedores.

Ante la gravedad de los hechos, el síndico solicitó a la Corte Suprema una investigación urgente, medidas de protección y la apertura de un sumario administrativo contra el juez Gelcich.