Denuncian extorsión y desobediencia judicial en una planta de residuos de San Lorenzo

La firma IDM, dedicada al tratamiento de residuos industriales peligrosos en San Lorenzo, atraviesa una tormenta judicial. El conflicto comenzó cuando un grupo inversor compró el paquete accionario a fines de 2025 y Jorge Aragón, autoproclamado representante de socios minoritarios, inició una serie de protestas y escraches que derivaron en una causa penal. El abogado de la empresa, Gustavo Feldman, anticipó que denunciarán a Aragón por extorsión.

Según Feldman, Aragón se instaló en una casilla frente a la planta y desde allí hostigó a los nuevos dueños. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió una audiencia urgente para revocar las medidas alternativas y solicitar la prisión preventiva, por considerar que Aragón desobedeció de manera sistemática las pautas impuestas por la Justicia.

Medidas cautelares y nuevas violaciones

En la audiencia penal del pasado jueves, el juez Eugenio Gazza ratificó y profundizó las medidas cautelares dictadas por el fuero laboral. Estas incluyen la prohibición de acercamiento, el cese de todo acto de hostigamiento, la firma quincenal ante la Justicia y la prohibición de filmar la planta o difundir publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, según el abogado, Aragón y su hija violaron esas pautas de forma recurrente desde el mismo jueves hasta el lunes. Ante esta situación, el fiscal Nicosia solicitó la audiencia para revocar la libertad condicional y habilitar la prisión preventiva, con el fin de asegurar el proceso e investigar el delito de desobediencia judicial (artículo 239 del Código Penal).

Feldman destacó que "el juez Gazza fue sumamente explícito y le explicó con docencia jurídica que el derecho a la protesta no puede ejercerse de cualquier forma porque se convierte en un proceder ilegítimo, ilegal y delictual". Y agregó que "las medidas de fuerza y escraches impulsados por Aragón carecen de todo sustento legal o societario".

¿Un falso apoderado?

Las constancias de la causa penal y laboral certifican que Aragón nunca figuró en el libro de accionistas ni fue titular de cuotas parte de IDM. Tampoco existen registros laborales ni de seguridad social que lo vinculen como exempleado de la firma.

Desde el estudio jurídico señalaron que "este hombre pretende un resarcimiento de un millón de dólares a partir de una tira de acciones que dice tener de socios minoritarios, pero esas acciones tienen un valor ínfimo, representan menos del 2 %. Evidentemente hay una actitud extorsiva".

Feldman concluyó que Aragón "afirma ser apoderado de un porcentaje minoritario, pero nadie en la Justicia civil, laboral o penal vio jamás un poder o procuración formal. Se autoproclama como tal para intentar validar por vías de hecho y mediante aprietes lo que no tiene ningún reclamo en sede judicial ordinaria. No persigue defender el medio ambiente ni fuentes laborales: persigue dinero a como dé lugar, en una tesitura que raya en la extorsión".