Denuncian millonario desvío de fondos para viviendas sociales: las familias afectadas siguen en la precariedad

Un exfuncionario municipal es acusado de desviar más de $100 millones destinados a construir 10 casas para familias vulnerables. El abogado Lucas Cabañas amplió la denuncia contra Mario Vicente Vizgarra, excomisionado de Los Pirpintos, departamento Copo, ante el fiscal Mauricio Abramczuck.

La presentación incluye abundante documentación que detalla presuntas maniobras ilícitas. Entre ellas, se mencionan desvíos de fondos, desapoderamiento de dinero público y transferencias a familiares directos de Vizgarra.

Los fondos provenían del Estado provincial y estaban asignados como subsidios para obras y partidas públicas con cargos de rendición. Este caso ya tenía una primera presentación elevada en diciembre del 2025, cuando Vizgarra cesó en su cargo.

¿Quiénes son las familias afectadas?

Según la denuncia, una decena de familias figura en la documentación del Ministerio de Desarrollo Social como adjudicatarias de viviendas. Cada una tenía un valor actualizado de $10.500.000.

Las familias nombradas son Olga Beatriz Gallo, Raúl Eduardo Godoy, Julia Griselda Soria, Daniel Alejandro Serrano, Débora Johana Bravo, Paula Francisca Rodríguez, Jobhana Maité Vizgarra, Teresita Chávez, Agustina Carla Gómez y Gladys Verónica Toloza.

El abogado Cabañas señaló que el común denominador de estas familias es que están constituidas por personas discapacitadas, incluyendo un jefe de familia postrado resultado de un ACV, y de muy bajos recursos.

¿Qué pasó con las obras?

A pesar de los relevamientos realizados, las familias continúan residiendo en condiciones de precariedad. El Estado provincial había enviado los fondos correspondientes asumiendo que se les había edificado su vivienda social.

La denuncia alerta que, al día de hoy, no se han concretado las construcciones. Esto deja a las familias en una situación de vulnerabilidad extrema, sin acceso a la vivienda digna que les fue prometida.

El caso sigue bajo investigación del fiscal Abramczuck, quien evalúa la documentación presentada. Las acusaciones podrían llevar a cargos por defraudación y desvío de fondos públicos, con posibles consecuencias legales para el exfuncionario.