Denuncian ocupaciones en la ribera del río El Tala y la Justicia pone la lupa en un detalle clave
La denuncia por ocupación de terrenos junto al río El Tala ya está en manos de la Justicia, que ordenó peritajes y pidió informes a una decena de organismos. El dato que apareció en el informe técnico es el que más preocupa a los investigadores.
El fiscal de Instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, del Distrito Oeste, abrió una Investigación Penal Preparatoria (IPP) a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Estado de la Provincia por la ocupación ilícita, uso o aprovechamiento de sectores de dominio público junto al cauce, lecho y línea de ribera del río El Tala, sobre todo en inmediaciones del Camping Municipal y de la Ruta Provincial N°4.
La presentación llegó acompañada de un informe técnico sobre la evaluación del riesgo hídrico y la amenaza hidrogeomorfológica en la quebrada del río. Según esa documentación, ante determinados fenómenos meteorológicos podrían generarse situaciones de peligrosidad fluvial que pondrían en riesgo tanto a las personas como a los inmuebles ubicados en el sector.
Qué busca determinar la investigación
La Fiscalía dispuso una serie de medidas para establecer la situación dominial de los terrenos, individualizar los inmuebles y a las personas que están en el lugar, y determinar las características y la antigüedad de cada ocupación. El objetivo es saber si se configuraron conductas que podrían encuadrar en el delito de "usurpación".
Entre las diligencias ordenadas a distintos organismos provinciales y municipales hay un relevamiento de las zonas señaladas, la recopilación de antecedentes dominiales, administrativos y posesorios, una inspección ocular con registro fotográfico y georreferenciado, y la recepción de declaraciones testimoniales.
La Fiscalía también pidió informes a la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT) a través de la Dirección Provincial de Catastro; al Registro de la Propiedad Inmobiliaria; a la Dirección Provincial de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos; a la Municipalidad de la Capital; a la Dirección Provincial de Defensa Civil; a la Dirección de Vialidad Provincial y a la empresa EC SAPEM.
Desde el Ministerio Público aclararon que el inicio de la investigación penal no reemplaza ni suspende las actuaciones administrativas de prevención, fiscalización, control territorial y protección civil que les corresponden a los organismos públicos provinciales y municipales dentro de sus respectivas competencias.
