Denuncian penalmente a Caputo y a otros funcionarios por las rutas: ¿qué pasó con los fondos?

Una presentación judicial sacude al Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, y otras autoridades nacionales fueron denunciados ante la Justicia Federal por el estado de las rutas y el uso de los fondos destinados a infraestructura vial.

La denuncia, presentada este miércoles por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, del espacio “Reset Republicano”, apunta contra Caputo; el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; el director ejecutivo de la ANSV, Francisco Díaz Vega; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, entre otros.

¿Cuál es el origen del conflicto?

Todo se enmarca en el escándalo por el uso de fondos del SisVial para la compra de activos financieros, un tema que el gobierno pampeano viene difundiendo desde la asunción de Javier Milei y que ahora ocupa la agenda pública nacional.

Los denunciantes piden investigar si las conductas configuran el delito de estrago, previsto en el artículo 189 del Código Penal, además de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Fondos millonarios sin ejecutar

Uno de los puntos centrales es el manejo de los recursos del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, destinado a financiar obras viales. Según la denuncia, se habrían recaudado $1,5 billones para rutas, pero solo se ejecutó una parte.

El escrito señala que el artículo 15 de ese decreto limita el uso de los fondos y prohíbe destinarlos a gastos ajenos. Para los abogados, la subejecución no es solo un problema presupuestario: pone en riesgo la vida de los automovilistas.

“La subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del ‘Sistema Vial Integrado’ (SisVial), el abandono de relevamientos y producción de información de seguimiento sobre el estado de los caminos, y la vigente recaudación de la Tasa sobre el Gasoil sin aplicación a su afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura, tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera”, afirmaron en la presentación judicial, revelada por la periodista Vanesa Petrillo en Ámbito.

Aumento de siniestros viales

Otro argumento fuerte es el incremento de la siniestralidad. La denuncia cita relevamientos que darían cuenta del deterioro de las rutas y de un “alto riesgo de siniestralidad vial”.

Además, menciona declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien habría asegurado que las muertes en rutas nacionales “se incrementaron en un 300 por ciento en los últimos años”, según relevamientos no oficiales.

Los denunciantes piden que se contraste esa información con datos oficiales y que se investigue la relación entre la falta de mantenimiento, el uso de los fondos y los accidentes.

La obligación del Estado

El escrito también desarrolla un argumento constitucional: el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de quienes usan la red vial. La falta de mantenimiento no sería una simple decisión administrativa, sino que podría tener relevancia jurídica ante un riesgo concreto.

La denuncia habla de un “riesgo continuado” y pide que la Justicia avance rápido para determinar responsabilidades penales.