Denuncian que compraron 116 km de caños para un gasoducto y nadie sabe dónde terminaron
Una denuncia penal pone la lupa sobre la obra del Gasoducto Lavalle–Catamarca: caños comprados por millones que nadie sabe dónde están, una adjudicación que superó el presupuesto y una multa que terminó casi desapareciendo. Los números que se conocen hasta ahora son solo el comienzo.
Los diputados del bloque opositor Generar presentaron una denuncia penal en Fiscalía para que se investigue la obra inconclusa del Gasoducto Troncal Lavalle–Catamarca. La acusación apunta a presuntos sobreprecios, a una multa millonaria que terminó reducida y a la compra de cañería cuyo destino final nadie puede explicar.
La presentación lleva la firma de Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y María Laura Quintero, y apunta contra el exministro Alberto Kozicki; su entonces secretario de Energía, Máximo Ramírez; y los responsables de MEGA SRL, la empresa adjudicataria de la construcción.
El cuarteto pide que se investigue la posible comisión de administración fraudulenta, peculado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. “No estamos acusando ni anticipando culpables. Estamos pidiendo que se investigue”, aclararon desde el espacio opositor.
La “cañería fantasma”
Según los denunciantes, antes de licitar la obra la Provincia compró por separado, en octubre de 2021, la cañería que después se usaría en la construcción: 116 kilómetros de caños adjudicados a SIAT SA por $1.827 millones, un 16% por encima del presupuesto oficial. Esa empresa terminó siendo la única oferente admitida luego de dos prórrogas que ella misma había pedido.
“Compramos 116 km de caños por $1.827 millones y nadie sabe dónde están ni cuántos se usaron”, indicó Puente para ironizar que se trata de “cañería fantasma”. La denuncia pide una inspección urgente de los predios de acopio en Lavalle, La Merced y Valle Viejo para determinar cuánto se usó y en qué estado está el remanente.
La adjudicación bajo la lupa
La acusación también apunta a cómo se adjudicó la obra. El presupuesto oficial era de $3.030 millones; la primera licitación se declaró desierta y en el segundo llamado tres propuestas lo superaron entre un 50% y un 91%. MEGA SRL, con domicilio en Salta, resultó la oferta más baja y se quedó con el contrato por $4.560 millones, un 50,5% por encima de lo previsto.
“¿Cómo se llegó a ese monto? Es lo que queremos saber”, dijo Puente.
La multa que terminó en “perdón”
El punto que los denunciantes describen como el más grave es el desenlace de un conflicto con la constructora. En octubre de 2023, el Ministerio a cargo de Kozicki le aplicó a MEGA una multa de $1.963 millones por incumplimientos contractuales (atraso en el plan de trabajos y falta de documentación técnica), equivalente a más del 40% del monto contratado.
MEGA llevó la disputa a la Justicia y, días después de ser notificada la Provincia, se inició una negociación que el 12 de mayo terminó en un Acuerdo Conciliatorio. La multa quedó reducida a $301 millones (poco más del 15% del monto original), se liberaron garantías por $922 millones y se incluyó el compromiso de eliminar antecedentes de incumplimiento de la empresa.
La denuncia indica que el convenio preveía que lo firmara Marcos Denett como Fiscal de Estado, pero terminó suscripto por Nicolás Rosales Matienzo, designado en el cargo en comisión.
El capítulo Kozicki
Un apartado especial pone la lupa sobre la actividad empresarial de Kozicki. Según señalan, el exfuncionario figura como socio de La Foresta y de Power Partners, firmas vinculadas a la construcción de gasoductos. Por eso piden verificar si esas firmas tuvieron vínculo comercial con MEGA o SIAT mientras Kozicki estuvo al frente de la cartera.