Denuncian que dos autoridades universitarias violan el Estatuto: ¿qué pasará con sus cargos?

La Universidad Nacional de Tucumán sumó nuevos frentes de conflicto político. Dos presentaciones ante la Junta Electoral cuestionan la asunción de la decana electa de Psicología, Silvia López de Martín, y del consejero estudiantil Pablo Almeda, bajo el argumento de que ambos estarían alcanzados por la prohibición de terceros mandatos consecutivos.

Uno de los planteos fue impulsado por Nayle Anabel Murhell y Adrián Eduardo Chirre, candidatos opositores en la Facultad de Psicología, quienes pidieron frenar la toma de posesión de López de Martín y de Paola Coronel hasta que exista una definición judicial de fondo.

¿Qué argumentos esgrimieron los denunciantes?

En la presentación sostuvieron que la actual decana “pretende acceder a un período de gobierno que configura una evidente re-reelección prohibida por el Estatuto” de la UNT y remarcaron que el reciente fallo de la Cámara Federal en el denominado “caso Pagani” fijó un nuevo “estándar de legalidad y regularidad institucional” sobre los límites a las reelecciones dentro de la universidad.

Además, advirtieron sobre una posible “gravedad institucional” en caso de concretarse la asunción y señalaron que futuras resoluciones de la Facultad podrían quedar expuestas a cuestionamientos jurídicos. Incluso, solicitaron que la fórmula oficialista sea dada de baja y que se proclame a la lista opositora como única opción válida.

El caso del consejero estudiantil de Exactas

Pero el conflicto no quedó ahí. También se presentó un pedido ante la Junta Electoral contra Pablo Almeda, consejero estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. La presentación fue realizada por Nora Inés Perotti, apoderada de la fórmula integrada por María Fernanda Guzmán y Daniel Valdeón, quienes responden políticamente a Miguel Cabrera.

En el escrito solicitaron suspender preventivamente los actos y decisiones adoptados por Almeda como consejero directivo e impedir su participación en la próxima Asamblea Universitaria. Según argumentaron, el dirigente estudiantil ya habría cumplido dos mandatos consecutivos entre 2024 y 2026 y, por lo tanto, no podría ejercer un tercer período seguido, tal como establece el artículo 46 del Estatuto universitario.

Además, cuestionaron la resolución de la Junta Electoral que rechazó una impugnación previa contra su candidatura y sostuvieron que el fallo de la Cámara Federal en el caso Pagani también marca el criterio que debería aplicarse en esta situación.

Las nuevas presentaciones profundizaron la tensión política dentro de la UNT y abrieron un fuerte debate sobre los límites a las reelecciones y la validez de distintas autoridades universitarias.