Denuncian que el Gobierno de Jujuy quiso meter mano en la causa de Caspalá con un documento clave

La abogada Silvana Llanes denunció penalmente a la Secretaría de Pueblos Indígenas y al Procurador del Tesoro por intentar introducir documentación apócrifa en el expediente federal que investiga los avasallamientos en Caspalá. La presentación apunta a un entramado de falsificación de actas y duplicidad de constancias.

Según detalló la letrada, el Ejecutivo provincial busca imponer como presidenta de la comunidad a Sonia Batallanos, empleada municipal que no reside en la localidad, con el fin de desplazar a Lucía Apaza, referente histórica de la defensa del territorio, la identidad cultural y el patrimonio arqueológico.

"La Secretaría de Pueblos Indígenas, lejos de cumplir con su función, lejos de brindar asesoramiento, de acompañar a la comunidad, lo que hace es tratar de deslegitimar la querella, lo cual no puede porque en realidad integrantes de la comunidad han realizó la denuncia inicial contra Gerardo Morales por los avasallamientos", sostuvo Llanes.

Las obras que la Justicia obligó a hacer

Otro de los ejes de la denuncia son las intervenciones que se realizan en la zona. Llanes aclaró que la reparación de la cancha deportiva no responde a una decisión voluntaria del gobernador Carlos Sadir, sino al cumplimiento de una demanda judicial por los daños provocados durante los episodios de represión y desalojo.

"El gobernador está obligado, hermanos de Caspalá, no se dejen engañar. El gobernador está obligado por una manda judicial. Si él desobedeció, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias respecto a la desobediencia del señor gobernador, que bajó en un helicóptero y no pidió disculpas al pueblo", agregó.

Hostigamiento y presiones

La representación legal también alertó sobre un clima de hostigamiento sistemático contra habitantes locales y empleados municipales que apoyan el reclamo por las tierras y la ejecución transparente de los fondos enviados por Nación. Esos recursos, destinados a obras escolares durante la gestión anterior, siguen bajo la lupa de la Justicia.

La causa principal, mientras tanto, avanza con marcado retraso, según denunció la propia abogada de la comunidad.