Denuncian que el gobierno jujeño usa fondos del ISJ para tapar la deuda pública

El diputado libertario Kevin Ballesty encendió la alarma en Jujuy al denunciar que el gobierno provincial estaría desviando sistemáticamente los recursos del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) para saldar la deuda pública. Según el legislador, el deterioro en la obra social no se debe a una falta de recaudación, sino a una maniobra contable que vacía sus arcas a través de la Cuenta Única provincial.

La acusación, que sacude el escenario político local, apunta directamente al mecanismo de caja unificada, por el cual los fondos del ISJ terminarían en la Tesorería General del Estado, dejando a la obra social sin capacidad de pago y a los afiliados en la incertidumbre.

¿Qué hay detrás del desfinanciamiento?

Ballesty fue contundente: el problema no es la recaudación, sino el desvío de recursos hacia otros fines. En su diagnóstico, la obra social arrastra un atraso de 90 a 120 días con los prestadores, lo que explica las constantes amenazas de corte de servicios por parte de clínicas, sanatorios y colegios profesionales.

El diputado estimó que el ISJ cuenta con más de 150.000 beneficiarios entre empleados públicos provinciales, municipales y adherentes voluntarios. Una masa crítica de afiliados cautivos que, según él, sostiene un sistema ineficiente.

La defensa de la libre elección

En medio de las críticas del oficialismo, Ballesty salió a defender el proyecto de ley impulsado por La Libertad Avanza en Jujuy, que propone eliminar la afiliación obligatoria al ISJ y permitir que los empleados públicos elijan a qué obra social o prepaga destinar sus aportes.

“El ISJ no se va a fundir por un proyecto de ley, ya está fundido por quienes lo administran. El afiliado debe tener la libertad de elegir dónde derivar sus aportes”, argumentó el legislador, en un claro desafío al statu quo.

Los ejes del proyecto que agita la política jujeña

La iniciativa, que ya genera debate, se sostiene en cuatro pilares:

Fin de la afiliación obligatoria: busca que los agentes estatales decidan voluntariamente a qué obra social o empresa de medicina prepaga destinar sus aportes mensuales, rompiendo el esquema cautivo del ISJ.

Evitar el doble gasto en salud: apunta a que los trabajadores que hoy pagan la cuota del ISJ y además contratan una prepaga privada para recibir atención oportuna no tengan que hacer un doble desembolso.

Competencia y transparencia: transfiere el poder de decisión al trabajador y exige transparencia en las retenciones salariales que efectúa la provincia.

Incentivo a mejorar la prestación: obliga al ISJ a sanear sus cuentas y elevar la calidad de sus servicios para retener o captar afiliados de forma voluntaria, compitiendo en igualdad de condiciones con otros prestadores.

Mientras el proyecto avanza en la Legislatura, la denuncia de Ballesty abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo provincial y el sector libertario, con la salud de los empleados públicos como telón de fondo.