Denuncian que el nuevo plan de peajes es "una nueva estafa" y que habrá cabinas cada 90 kilómetros

El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, salió a cuestionar el nuevo esquema de concesiones de rutas y peajes impulsado por el Gobierno nacional. En diálogo con momarandu.com, advirtió que el sistema representa una continuidad agravada del modelo de los años 90 y que el cobro sobre rutas existentes funciona como un impuesto al tránsito que termina pagando toda la sociedad, incluso quienes no manejan.

“Es una nueva estafa y es peor que en los 90”, disparó Lasca, y remarcó que el mecanismo se aplica sin caminos alternativos y se suma a otros tributos vinculados con los combustibles.

Cada 90 kilómetros, un peaje

Según el dirigente, el plan contempla sumar 54 nuevas estaciones de cobro a las más de 40 que ya funcionan. Eso implicaría tener puntos de pago aproximadamente cada 90 kilómetros. Para graficarlo, puso un ejemplo: en un corredor de 300 kilómetros, el usuario debería atravesar tres cabinas de peaje en un mismo viaje.

Además, Lasca apuntó contra las obligaciones que asumirían las concesionarias. Sostuvo que los contratos prevén principalmente tareas de mantenimiento, como corte de pasto y bacheo, sin obras de infraestructura de mayor escala. “No va a haber obras de envergadura, autopistas, autovías para evitar los choques frontales. Es inversión cero, riesgo cero”, aseguró.

Cuestionamientos a las empresas y a la tarifa

Otro de los ejes de la crítica fue para las compañías que participarían de las concesiones. Lasca afirmó que algunas están vinculadas a la causa de los cuadernos y cuestionó que se les entreguen nuevos corredores. “Premian a empresas incumplidoras, gente coimera”, dijo.

También insistió en que el costo del peaje no lo pagan solo los automovilistas: los gastos de transporte se trasladan a otros bienes y servicios. “Usted compra un pasaje de micro y está pagando el peaje. Usted compra un kilo de yerba y está pagando el peaje”, ejemplificó.

Sobre los valores, indicó que no serán uniformes: mencionó unos 15.500 pesos para tramos de la Ruta Nacional 3 y cerca de 5.000 pesos para el cruce del puente Rosario-Victoria, cuya concesión se extendería por 20 años. Para Lasca, esa diferenciación rompe con el esquema anterior de tarifas unificadas y choca con el principio constitucional de libre circulación.

Reclamos judiciales y fondos viales

El coordinador del CONADUV recordó que la organización presentó amparos por inconstitucionalidad en Entre Ríos y Chaco, además de una acción en la provincia de Buenos Aires. Algunas fueron rechazadas o no avanzaron, y una está apelada. También mencionó denuncias penales por malversación de fondos viales.

Lasca puso el foco en el impuesto a los combustibles: estimó que recauda unos 3.500 millones de dólares por año, plata que, a su criterio, alcanzaría para construir 2.000 kilómetros de autovías nuevas anuales sin necesidad de peajes. Cuestionó que esos recursos se deriven al Fondo Hídrico, a jubilados, al FONABI y a fondos fiduciarios, y recordó que el propio vocero presidencial lo admitió.

“Con eso se podrían hacer 2.000 km de autovías nuevas por año libre de peaje”, afirmó, y reclamó una política integral de transporte que contemple rutas, ferrocarriles y vías navegables. En regiones productivas como Corrientes, advirtió, los costos de circulación pueden dejar fuera del mercado a productores de madera de eucalipto y pino, que deben trasladar su carga a más de 200 kilómetros sin ferrocarril.

“El camino genera riquezas. No es un gasto, es una inversión que beneficia a toda la comunidad”, sostuvo. Y cerró con una crítica por la acumulación de costos para el automovilista: peajes, fotomultas, combustibles, patentes. “No hay derecho a que tengamos que estar padeciendo esto”, concluyó.