Denuncian que la intervención de la UOM armó un operativo de espionaje contra los dirigentes desplazados
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Denuncian que la intervención de la UOM armó un operativo de espionaje contra los dirigentes desplazados

Una exdirigente metalúrgica denunció que la intervención de la UOM montó un operativo de espionaje con perfiles políticos, sindicales y hasta sentimentales. El informe confidencial que encendió la alarma y los nombres que quedaron en la mira.

La exresponsable de la obra social metalúrgica, María Soledad Calle, acusó al interventor Alberto Biglieri y a una consultora contratada por la intervención de espiar a la conducción depuesta del sindicato. La presentación recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y apunta a lo que la denunciante describe como un entramado de inteligencia ilegal con perfiles políticos, sindicales y hasta sentimentales.

Qué dice la denuncia

La acusación fue presentada por Calle, que hasta mayo pasado estaba al frente de Osuomra, la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En el escrito se le pide a la jueza que investigue “delitos de acción pública”, entre ellos la presunta “investigación indebida de antecedentes personales, políticos, sindicales y familiares y el tratamiento de datos personales sensibles” de la dirigencia gremial.

Según la denunciante, el objetivo de ese operativo habría sido fortalecer una causa penal en su contra y bloquear un eventual regreso de Abel Furlán, el secretario general desplazado, a la conducción del sindicato. La presentación involucra a Biglieri, a un funcionario con antecedentes en organismos de inteligencia y a la consultora Becher y Asociados SRL (BDO Argentina), que elaboró un informe confidencial.

El informe bajo la lupa

El documento que motoriza la denuncia es un “informe de investigación especial preliminar, calificado como confidencial” fechado el 28 de agosto y firmado por Carlos Fernando Rozen. Allí, según Calle, se analizan aspectos contractuales entre la UOM, Osuomra y USEM, la gerenciadora que Furlán creó para administrar la obra social y que ella misma dirigía.

La denunciante sostiene que, detrás de esa fachada contable, se desarrolló “una investigación sistemática de antecedentes personales, políticos, sindicales, laborales y familiares de dirigentes y terceros, cuyo alcance excedió manifiestamente las presuntas cuestiones objetivas de su encargo”. Y agrega: “Denuncio concretamente la recopilación, procesamiento, sistematización y elaboración de perfiles sobre dirigentes sindicales y personas ajenas a las entidades en análisis”.

El escrito señala que la propia consultora reconoce en la página 12 del informe haber realizado “background checks” y utilizado “técnicas OSINT (Open Source Intelligence)” con datos de fuentes públicas, bases societarias, antecedentes judiciales, listas restrictivas y redes sociales. Esas tareas, que en principio abarcaban a Calle, Furlán y USEM, luego “se amplió hacia otras personas físicas y jurídicas a partir de las vinculaciones societarias, comerciales, laborales y familiares que se fueron identificando”.

Para la denunciante, esa ampliación no fue casual: “Fue una actividad específica de investigación de personas, reconocida por sus propios ejecutores, que comprendió la selección de individuos, la recopilación de antecedentes, la identificación de vínculos y la elaboración de representaciones de sus relaciones personales”. En ese marco, menciona que BDO admite haber construido “mapas de relaciones” entre personas físicas y jurídicas.

El costado político y personal

El informe, según Calle, incluye referencias a su militancia en La Cámpora y a su paso como concejala en Campana, además de “aspectos estrictamente privados” como “referencias a supuestas relaciones sentimentales, construidas a partir de publicaciones periodísticas cuya veracidad la propia consultora reconoce no haber podido corroborar por otros medios”.

“La militancia política y el ejercicio de la actividad sindical son derechos constitucionalmente protegidos. La existencia de una intervención judicial sobre la administración de una organización sindical no habilita a investigar indiscriminadamente las opiniones políticas, las pertenencias partidarias o las relaciones personales de sus dirigentes”, advierte la presentación.

El rol de Galina y la interna gremial

La denuncia también pone la lupa sobre Carlos Ángel Galina, un funcionario que integra la intervención y cuyos “antecedentes de desempeño en organismos nacionales de inteligencia han sido públicamente señalados”. Calle le pide a Capuchetti que indague “qué tareas desarrolló Galina en el marco de la investigación” y si su rol fue de “orientación de las pesquisas, la identificación de personas, la obtención de antecedentes o la elaboración de los perfiles y mapas de relaciones incorporados al informe”.

La intervención de la UOM fue ordenada en mayo por la Sala VIII de la Cámara laboral, que consideró nula la elección de Furlán en Campana por presuntas irregularidades y, en consecuencia, invalidó su designación al frente del sindicato a nivel nacional. Biglieri tenía el mandato de subsanar esas irregularidades y convocar un nuevo comicio en Campana en un plazo de seis meses que se cumple la semana próxima.

Sin embargo, según la denunciante, la intervención y un grupo de dirigentes aliados fueron más allá: renegociaron convenios colectivos, impusieron el primer banco de horas en la historia del gremio y entregaron la obra social a funcionarios vinculados al Grupo Olmos, dueño de medios como Crónica y Bae y de la gerenciadora Red BASA, que ya había administrado Osuomra durante la gestión de Antonio Caló y que Furlán había desplazado en favor de Calle.

Biglieri, abogado de confianza de Daniel Angelici, asumió esta semana como integrante del Consejo de la Magistratura, pero les pidió a los camaristas Víctor Pesino y María Dora González permanecer en la gestión ad honorem. Pesino es el mismo magistrado que destrabó la vigencia de la reforma laboral y logró que el Gobierno le extendiera el mandato cinco años por encima de su edad jubilatoria.

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