Denuncian que la intervención de la UOM ya firma convenios y maneja la obra social: el plazo para llamar a elecciones, olvidado
¿Qué encontraron en los papeles de la intervención de la UOM que encendió todas las alarmas? La denuncia ante la Corte Suprema apunta a un esquema que ya había sido desplazado y que ahora vuelve a manejar los fondos del gremio.
La conducción desplazada de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llevó su pelea interna a la Corte Suprema. Denunció que la intervención judicial que conduce el abogado Alberto Biglieri —hombre de confianza de Daniel Angelici— busca instalarse como una "administración general e indefinida" en el sindicato fabril.
La presentación fue firmada por los abogados Álvaro Ruiz, Matías Cremonte y Carlos Zamboni Siri, designados por Abel Furlán para representar al gremio ante el fuero laboral. El escrito sostiene que, a más de la mitad del plazo de 180 días fijado para llamar a elecciones pendientes, la intervención no dio ningún paso en ese sentido y, en cambio, avanzó con medidas administrativas, paritarias, convenios colectivos y decisiones sobre la obra social con efectos que exceden el período asignado.
La vuelta del Grupo Olmos a la obra social
Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta a la reposición de dos personas en la obra social metalúrgica (Osuomra) que ya habían ocupado cargos durante la gestión de Antonio Caló, bajo el paraguas del Grupo Olmos, administrador de medios como Crónica y BaeNegocios y de una red prestacional de salud.
Como prueba de ese retorno, los letrados citan el informe de gestión de Biglieri de los primeros tres meses, donde figura "el otorgamiento de poderes bancarios" en nombre del gremio y de la obra social a favor de Betiana Gorosito, señalada como "directora titular de Donington SA, sociedad integrante de esquema de administración que los órganos democráticos de Uomra habían decidido sustituir".
"El dato posee relevancia institucional directa para estas actuaciones ya que Donington no resulta una sociedad extraña a la historia de administración de los recursos sindicales", sostiene el escrito. Y agrega que durante más de dos décadas esa firma participó del esquema fiduciario de UOMRA, reemplazado luego por decisión de los órganos democráticos del sindicato.
La denuncia también menciona "la designación de Ariel Raúl Sosa en el Gabinete de la intervención" y su paso previo por estructuras empresarias vinculadas a Red BASA/Grupo Olmos, un dato que los abogados consideran relevante para medir la orientación que asumió la intervención.
El antecedente que la intervención no quiere recordar
La llegada de Furlán a la conducción de la UOM, en 2022, marcó un quiebre: una de sus primeras medidas fue desafectar a Red BASA del gerenciamiento de las prestadoras de salud y de los fideicomisos que manejaban una porción sustantiva de los aportes de los trabajadores metalúrgicos. En su lugar puso a USEM, una prestadora que operaba por cuenta y orden del gremio y no por fuera de su estructura. En esa firma se destacaba la presencia de la dirigente de La Cámpora Soledad Calle, oriunda de Campana y con un ascenso meteórico en el sindicato desde la asunción de Furlán.
La intervención de la UOM fue resuelta en mayo pasado por la Cámara laboral, que la fijó por 180 días tras detectar aparentes irregularidades en el proceso electoral de Campana, la seccional de la que emana la autoridad de Furlán. Los camaristas Víctor Pesino y María Dora González declararon inválido todo el comicio interno. Pesino es el mismo magistrado que validó la reforma laboral de Javier Milei y que luego recibió el respaldo del Gobierno para permanecer cinco años más en su cargo pese a haber cumplido la edad jubilatoria.
Paritarias, Foton y una ONG contratada sin elecciones a la vista
La presentación también cuestiona otras decisiones de la intervención: haber firmado paritarias metalúrgicas y siderúrgicas con un diferencial de al menos 11 puntos porcentuales de pérdida salarial frente a la inflación acumulada y un banco de horas con la automotriz china Foton para la planta que alista en Campana. A eso suma la disolución de entes de consejería legal y administrativa creados por el Consejo Directivo y la contratación de la ONG "Transparencia Electoral", pese a que no se avanzó en el llamado a elecciones en Campana para renovar autoridades.
"La paradoja institucional resulta evidente: la herramienta supuestamente creada para restablecer la democracia sindical comienza a sustituirla", afirman los abogados.
En paralelo, el abogado penalista Alejandro Rúa se presentó en el expediente que investiga supuestas maniobras irregulares de USEM y Soledad Calle para rechazar todas las imputaciones y sostener que la instalación de esa firma en la gestión de fondos de afiliados fue votada por los órganos internos competentes de la UOM.
