Denuncian que los amigos de Caputo se reparten AySA y esconden las tasaciones
Denuncian que cambiaron el método de evaluación y escondieron todas las tasaciones. A horas de la apertura de sobres, desde UP advierten que el Congreso quedó afuera del control.
La privatización de AySA entra en su hora decisiva y la oposición redobló la apuesta: Unión por la Patria presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por irregularidades en el proceso que dejará en manos privadas el servicio de agua potable.
El jefe del bloque de diputados de UP, Germán Martínez, fue el encargado de encender la mecha durante el plenario de comisiones que trató el proyecto de Defensa de la Soberanía. "Mañana nos vamos a enterar cuál de los amigos de Santiago Caputo se queda con AySA", disparó el legislador.
La frase no fue aislada. "Hay un oscurantismo absoluto a partir de la privatización de AySA", agregó Martínez, que apuntó directamente contra la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, una de las funcionarias alineadas con el asesor presidencial. "Creo que la secretaría de Legal y Técnica tiene algo que ver", deslizó.
La denuncia que apunta a tres funcionarios clave
La presentación ante la PIA la firmaron cuatro integrantes peronistas de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones: las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni, y los senadores Jorge Capitanich y Adán Bahl. El escrito recayó en el titular del organismo, el fiscal Sergio Rodríguez.
Los denunciados son el titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaer; el presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y las autoridades del BICE. "Cambiaron el método de evaluación y declararon secretas todas las tasaciones, desplazando al Tribunal de Tasaciones", sostuvieron los legisladores.
Para UP se trata de una maniobra ilegal: "Están menospreciando al Congreso Nacional, que tiene derecho a acceder a esa información", denunciaron. Y advirtieron que "estas acciones revisten una manifiesta ilegalidad y vulneran las facultades de control del Poder Legislativo".
Qué se sabe de los dos consorcios que quedan en carrera
Este jueves a las 10 se abrirán los sobres con las ofertas. De los 17 interesados iniciales, solo dos consorcios siguen en competencia por el 90% de las acciones de la empresa que hoy controla el Estado.
Uno de los grupos tiene como principal accionista al fondo holandés PHX Agua y como socio clave a Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedor histórico de AySA. El otro es Roggio ROAS, del Grupo Roggio.
El pliego no fija un precio base, aunque desde el Gobierno dejaron trascender que esperan recibir unos 500 millones de dólares. La tasación de referencia que elaboró el BICE se mantendrá en reserva hasta la apertura de sobres y será el parámetro para evaluar las propuestas.
La concesión será por 30 años, prorrogable por otros 10. AySA presta agua potable y servicios de saneamiento a 3,8 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Las otras irregularidades que denuncia la oposición
Además del secreto sobre la valuación, los legisladores apuntaron contra la unidad del BICE que reemplazó al Tribunal de Tasaciones: aseguran que tiene muy poco personal y que se eliminó el control de calidad externo.
El reclamo no termina en AySA. Los firmantes recordaron que la lista de empresas públicas a privatizar con el mismo mecanismo incluye a Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, Nucleoléctrica y Yacimientos Río Turbio.
Por eso pidieron a la PIA que investigue con urgencia y que informe a la Comisión Bicameral "el valor real de estas empresas públicas que quieren rematar en la más profunda oscuridad".
