Denuncian que pruebas clave desaparecieron del TOF y piden la intervención del Consejo de la Magistratura

La legisladora Elías de Pérez presentó un pedido formal ante Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, para que investigue la crisis que sacude al Tribunal Oral Federal de Tucumán. El reclamo surge tras conocerse que un operativo de limpieza en los subsuelos del edificio judicial derivó en la desaparición de pruebas, entre ellas 58 comprimidos de alprazolam que estaban secuestrados en una causa por estupefacientes.

¿Qué pasó en los subsuelos del TOF?

A comienzos de mayo, por orden de la jueza subrogante cordobesa Cristina Giordano, camiones de Gendarmería Nacional retiraron toneladas de materiales acumulados durante décadas del edificio de Cristóstomo Álvarez y Chacabuco. Entre los objetos retirados había armas, drogas, dinero, muebles, computadoras y documentación de causas federales.

Lo que se presentó como una tarea de saneamiento terminó en una controversia judicial. El Ministerio Público Fiscal exigió explicaciones sobre el destino de los elementos, y el secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla presentó una denuncia penal por posible destrucción de pruebas de causas en trámite.

El caso que encendió las alarmas

Uno de los episodios más graves fue la desaparición de 58 comprimidos de alprazolam, secuestrados en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. Sin la evidencia material, el fiscal Pablo Camuña tuvo que desistir de sostener la acusación durante un juicio oral.

Elías de Pérez advirtió que la pérdida o alteración de elementos probatorios afecta garantías como el debido proceso y la tutela judicial efectiva, y pidió determinar si hay otras causas comprometidas, especialmente aquellas con armas, estupefacientes o documentación relevante.

Cambios en el tribunal y crisis edilicia

En medio de la tormenta, la jueza Ana Carina Farías dejó la subrogancia tras cumplir el plazo máximo de dos años. En su lugar asumió Marta Liliana Snopek, magistrada con experiencia en el Tribunal Oral Federal de Salta y participación en juicios de lesa humanidad, narcotráfico y lavado de activos.

Snopek llega cuando el TOF enfrenta no solo la polémica por el vaciamiento, sino también una denuncia penal ratificada, pedidos de informes de la fiscalía y una crisis edilicia que obligó al cierre temporario de una sede por riesgos de electrocución e incendio.

La presentación ante el Consejo de la Magistratura busca que el organismo, con facultades disciplinarias sobre magistrados federales, analice los hechos con rigurosidad. Mientras tanto, la incógnita central persiste: ¿qué pasó con el material retirado y cuántas pruebas judiciales desaparecieron para siempre?