Denuncian que siete pesqueras operan en el Atlántico Sur con licencias británicas: las acusan de un delito grave

Un estudio jurídico argentino presentó una denuncia penal contra siete empresas pesqueras de origen español a las que acusa de extraer recursos del Atlántico Sur con permisos emitidos por las autoridades británicas de Malvinas. La presentación quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7 y apunta a directivos, administradores y representantes legales de esas firmas.

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, en representación de la organización Reset Republicano, imputaron a las compañías por "contrabando". Según el escrito, las empresas operarían en el mar argentino con autorizaciones que consideran ilegítimas porque fueron otorgadas por la administración colonial británica que ocupa las Islas Malvinas.

Qué dice la denuncia

El documento sostiene que las firmas denunciadas "estarían operando activamente en el Atlántico Sur mediante la explotación comercial ilícita de recursos pesqueros". Y agrega: "Dichas firmas habrían solicitado y obtenido supuestas 'licencias de pesca' otorgadas de manera ilegítima por la administración colonial británica que ocupa las Islas Malvinas".

Más adelante, los denunciantes califican esas licencias como "verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio íctico de la República Argentina". También advierten que "los buques de las firmas denunciadas estarían procediendo a la captura masiva de recursos vivos marinos dentro del mar territorial y plataforma continental argentina".

La causa recayó en el juzgado del juez Juan Pedro Galván Greenway, según informó el propio estudio en redes sociales. La denuncia se conoce en medio de la ofensiva del Gobierno contra Inglaterra por la soberanía de las islas. El Ejecutivo ultima detalles para enviar un proyecto de ley que refuerce su posicionamiento, luego de anunciar sanciones contra las petroleras que busquen operar en el lecho marítimo de Malvinas.

Las empresas señaladas

Las firmas mencionadas en la denuncia son Lanzal (Petrel Fishing Company Ltd.), Grupo Pereira (Argos Group Ltd.), Pescapuerta (South Atlantic Squid), Copemar (South Atlantic Squid), Ferralmes (Castelo Fishing Co.), Hermanos Touza (Beaufort Fishing Ltd.) y Moradiña (Polar Ltd.).

De acuerdo con la presentación, estas empresas evaden los controles de la aduana argentina y exportan de manera clandestina recursos pesqueros de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva bajo licencias que consideran ilegítimas por estar expedidas por una potencia ocupante. Los denunciantes invocaron los artículos 863, 864 y 865 inciso a del Código Aduanero, que tipifican la evasión de control aduanero y la exportación clandestina de mercadería.

A través de su cuenta de X, Reset Republicano volvió a calificar las licencias de pesca otorgadas por las autoridades de Malvinas como "verdaderas patentes de corso". Y cerraron: "Lo que el gobierno no haga, lo haremos nosotros".

El Gobierno analiza sumar la pesca a su proyecto

Por estas horas, el Ejecutivo evalúa incluir la pesca en el proyecto de sanciones a las empresas petroleras que enviará al Congreso, según anticipó TN. La legislación vigente ya contempla multas para empresas vinculadas con buques que pescan sin permiso argentino, pero el Gobierno estudia reforzar su aplicación dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, aún en estado borrador.

La Argentina cuenta desde 2008 con herramientas legales para sancionar vínculos con la pesca sin permiso argentino en Malvinas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca obliga a quienes reciben cuotas o autorizaciones de captura en el país a declarar que no tienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas argentinas sin autorización nacional.

La norma también alcanza relaciones indirectas a través de sociedades vinculadas o controladas. Si se comprueba una violación, pueden caducar los permisos, las cuotas y las autorizaciones de captura de la empresa alcanzada. El Ejecutivo analiza ahora qué cambios incorporará al paquete que enviará al Congreso para ampliar el alcance de las sanciones sobre actividades vinculadas con Malvinas.