Denuncian que un ciudadano boliviano cerró un camino rural en Salta y el conflicto ya llegó a la Justicia de Bolivia

El camino que usaban todos los días quedó cortado y el conflicto terminó del otro lado de la frontera: un grupo de familias de General Mosconi denuncia que un hombre se declaró dueño del terreno y que la pelea llegó hasta la Justicia boliviana. ¿Qué dicen desde Salta?

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Denuncian que un ciudadano boliviano cerró un camino rural en Salta y el conflicto ya llegó a la Justicia de Bolivia
Denuncian que un ciudadano boliviano cerró un camino rural en Salta y el conflicto ya llegó a la Justicia de Bolivia

Una denuncia que crece en el norte salteño puso el foco en un camino rural de General Mosconi que un grupo de familias usa desde hace años y que, según aseguran, quedó bloqueado por un hombre que se presenta como dueño de las tierras.

El caso, que se viralizó en las últimas horas, involucra a un ciudadano de nacionalidad boliviana de apellido Castro. La denuncia se conoció a través de una entrevista del periodista Luis Mena difundida por Mosconi TV.

Según el testimonio de una mujer del grupo, el conflicto se extiende desde hace aproximadamente seis años. La situación se habría agravado en diciembre del año pasado, cuando el hombre habría colocado portones que impiden la circulación por el camino que las familias consideran ancestral.

«No tenemos otra salida»

El paso es utilizado habitualmente por entre 7 y 10 familias, aunque, de acuerdo con la denunciante, muchas más personas circulan a diario por el lugar. La restricción, sostiene, complicó de manera directa la vida cotidiana de los vecinos.

«Ni tenemos otro camino para salir a comprar alimentos o por cuestiones de salud, esto nos afecta de manera directa», declaró la mujer durante la entrevista.

La presencia de fuerzas bolivianas

El punto más delicado del relato apunta a lo que habría ocurrido después del cierre. Según la denunciante, en el lugar habrían comenzado a presentarse efectivos y personal de organismos bolivianos, entre ellos policías y miembros de la Naval. La entrevistada aseguró que desconocen bajo qué circunstancias habrían intervenido esas fuerzas.

Las familias también afirman que el conflicto llegó a instancias judiciales en Bolivia. Al menos diez personas habrían tenido que contratar abogados de ese país para defenderse y, según la denunciante, recibieron advertencias sobre posibles órdenes de detención si no comparecían ante la Justicia boliviana.

«Si no nos presentamos a la Justicia, tenemos orden de detención. Estuvimos obligados a pagar abogados para defendernos y ver qué se puede hacer con respecto a todo esto», relató.

¿El terreno está en Argentina?

Ese es el interrogante central. Los denunciantes sostienen que el sector en disputa está dentro de territorio argentino, en el departamento General San Martín, y cuestionan que las actuaciones se desarrollen del otro lado de la frontera.

La mujer mencionó además una supuesta intervención reciente de organismos vinculados con Cancillería y límites internacionales, aunque reconoció que en ese momento no contaba con la documentación para respaldar esas afirmaciones.

La determinación oficial queda en manos de la Comisión Nacional de Límites Internacionales (CONALI), organismo dependiente de Cancillería competente para la demarcación y el trazado de los límites internacionales. Argentina y Bolivia cuentan además con una Comisión Mixta para los trabajos de demarcación fronteriza.

Un contexto fronterizo ya encendido

La denuncia aparece en un momento sensible para la franja fronteriza del norte salteño. En los últimos días trascendieron otros conflictos territoriales, con denuncias por ocupaciones y actividades de ciudadanos bolivianos en terrenos cuya jurisdicción argentina es reclamada por propietarios. En algunos de esos casos ya se informó sobre actuaciones de Cancillería, CONALI y organismos nacionales.

Por eso, lo denunciado en General Mosconi deberá ser esclarecido por las autoridades competentes. Con la documentación disponible, no está acreditado públicamente que el hombre denunciado carezca de derechos sobre las tierras ni que fuerzas bolivianas hayan ingresado irregularmente a territorio argentino. Esos son, precisamente, los puntos que deberán determinarse.

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