Denuncian que una planta estatal de cannabis creció donde no debía: el Concejo de Palpalá ya pide explicaciones

El Concejo Deliberante de Palpalá se convirtió en el escenario de una disputa que excede lo local. Durante la sesión de este martes, los ediles trataron expedientes que piden informes y resoluciones a distintos ministerios provinciales por el funcionamiento y las inversiones de la empresa estatal Cannava, con la mira puesta en un predio de la Finca El Remate. La dirigente del Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán, se sentó en el recinto para respaldar los pedidos y denunció que las instalaciones no cuentan con las autorizaciones nacionales necesarias.

El centro de la polémica es la habilitación y legalidad de estructuras detectadas fuera de los polígonos originales autorizados en la Finca El Pongo. Según Guzmán, el proyecto original de producción estatal tiene un cupo delimitado de hectáreas amparadas bajo normativas federales, pero las naves con capacidad productiva masiva levantadas en El Remate carecen de todo respaldo legal y sanitario de los organismos nacionales competentes.

La dirigente, que fiscalizó e hizo públicas las imágenes de las estructuras, fue dura al exponer la gravedad institucional del caso: "Quiero resaltar la actitud del Consejo Deliberante que, desde sus distintos bloques, ha tenido la actitud de reaccionar y preguntar al Poder Ejecutivo sobre esta instalación ilegal en el departamento de Palpalá, en la finca El Remate. Esto es ilegal porque no tiene ninguna autorización que lo respalde. Debe ser autorizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, por el Ministerio de Salud de la Nación y además por los organismos provinciales".

Guzmán calificó la situación como un "hecho del príncipe" y apuntó a que las obras comenzaron durante la gestión de Gerardo Morales y continúan en la actual administración de Carlos Sadir, eludiendo los canales de control. También criticó la respuesta de la vocería del Gobierno provincial ante las consultas periodísticas: "La posición de ayer es una posición descolocada, además de querer lavarse las manos cuando se hizo cero... ¿Por qué no dijo el vocero que es una plantación ilegal hecha por el gobierno de la provincia? Esa es la realidad".

Qué reclaman los concejales

En la sesión, los ediles analizan las competencias del municipio de Palpalá frente a un predio de órbita provincial, al tiempo que exigen detalles contables sobre el presupuesto asignado a Cannava y el estado de los permisos operativos. Para los sectores opositores e impulsores de los proyectos de resolución, el avance de las investigaciones en los concejos deliberantes del interior —como en Palpalá y Perico— marca un quiebre en el control político regional.

Los reclamos se concentran en tres puntos: la falta de avales federales, ya que piden la intervención de ministerios nacionales ante predios productivos fuera de los padrones autorizados; el hermetismo oficial, con exigencias para que las máximas autoridades de la empresa estatal y del Ejecutivo aclaren los movimientos financieros y logísticos en el departamento; y la atención institucional, con la advertencia de que los cuerpos deliberativos locales mantendrán la presión para esclarecer el manejo de recursos y la legalidad de los predios estatales en la región.

Tras el debate, el edil Rodrigo Reinaga (La Libertad Avanza) respaldó los proyectos presentados por distintas bancadas y apuntó contra el ocultamiento de información por parte del gobierno provincial. "Hoy se aprobaron tres pedidos de informe de diferentes bloques... Se está haciendo una solicitud tanto al Ejecutivo municipal como también al gobierno provincial a que den explicaciones de lo que es hoy CanaVat, que está asentado en la localidad de El Remate, acá dentro de la ciudad de Palpalá", confirmó.

El cruce con el vocero oficial

El concejal libertario enfatizó que la condición estatal de una firma no la exime de cumplir con las obligaciones formales que rigen para cualquier emprendimiento en el ejido municipal, y exigió transparencia respecto de las autorizaciones edilicias, el uso de las tierras y el impacto tributario.

Además, refutó de manera categórica las declaraciones del vocero de Gobierno, Alberto Siufi, quien había afirmado que el predio contaba con libre acceso: "Estuvimos ahí, inclusive la semana pasada estuvimos visitando, el cual desmentimos totalmente lo que dijo el vocero provincial, de que este es un lugar de libre acceso. Si bien hay policía de la provincia trabajando, está todo perimetrado, está iluminado, no es de libre acceso tal como lo dijo".