Denuncian que usar la plata de los jubilados para créditos hipotecarios es "inconstitucional e inmoral"

El anuncio del Ministerio de Economía sobre el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para créditos hipotecarios generó un fuerte rechazo: desde ATE Nacional lo calificaron como una medida que atenta contra los derechos de los jubilados.

El Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ATE salió al cruce de la decisión oficial y, a través de su asesor legal, Luciano González, advirtió que la iniciativa es "inconstitucional e inmoral". En diálogo con MEDIOS RIOJA, el letrado recordó cuál es el origen de esos fondos.

"El fondo se crea cuando se recuperan los fondos de las AFJP y se estatizan de vuelta las jubilaciones. Se creó para dar sustentabilidad y garantías al sistema previsional, y para que se puedan usar en momentos de crisis", explicó González.

¿Qué se hizo históricamente con el FGS?

El asesor legal trazó un paralelismo entre las distintas gestiones que administraron el fondo. Si bien reconoció que varios gobiernos recurrieron a esos recursos, marcó una diferencia clave en el destino que les dieron.

En etapas anteriores, como los gobiernos kirchneristas, el dinero se destinó a financiar procesos productivos del país. Según González, eso generaba un "círculo virtuoso" porque los fondos volvían al sistema mediante aportes y contribuciones.

En cambio, cuestionó duramente a las administraciones de Mauricio Macri y de Javier Milei. En esos períodos, aseguró, los recursos se utilizaron para "la timba financiera" o para "bancar a los bancos".

El reclamo: haberes y bono congelados

En medio de la crisis económica y la inflación, los jubilados pusieron el foco en la necesidad de recomponer los ingresos del sector. González planteó una alternativa concreta al uso anunciado por el Palacio de Hacienda.

"El fondo está dando dividendos, ¿por qué no los usamos para aumentar las jubilaciones y el bono que está congelado hace un año y medio?", cuestionó. Además, advirtió que los jubilados padecen actualmente niveles críticos de pobreza.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa el debate por los límites en la administración del FGS y las prioridades presupuestarias frente al poder adquisitivo del sector pasivo.