Denuncian que Zdero quiere subirle el sueldo a los jueces: qué esconde detrás de la ley
¿Por qué el gobernador chaqueño insiste con una ley que la oposición vincula con un blindaje judicial? La trama detrás del proyecto que despertó sospechas.
El proyecto de ley que el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, envió a la Cámara de Diputados provincial para fijar un régimen de intangibilidad salarial para jueces y funcionarios del Poder Judicial con la media nacional despertó fuertes cuestionamientos de la oposición. El diputado provincial y exministro de Economía Santiago Pérez Pons advirtió que la iniciativa podría servir para obtener protección judicial frente a denuncias contra funcionarios y dirigentes oficialistas.
Pérez Pons cuestionó que el Ejecutivo proponga una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales. También sostuvo que la medida produciría un “desenganche” de los empleados judiciales y de organismos con remuneraciones equiparadas, con riesgo de nuevos litigios contra la provincia.
El escándalo que golpea a un aliado de Zdero
En ese marco, el diputado se refirió a la investigación por malversación de fondos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El escándalo político y judicial golpea al intendente de la UCR Bruno Cipolini, aliado del gobernador Zdero. La investigación se centra en operaciones financieras millonarias realizadas con recursos de la ciudad.
La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Sáenz Peña decidió archivar la denuncia que Pérez Pons había presentado contra Cipolini. Los fiscales consideraron que los hechos denunciados no son un delito, por lo que resolvieron cerrar las actuaciones. “Entonces uno después se pregunta: ¿por qué mandan esta ley?”, expresó el diputado al referirse a la decisión fiscal.
De acuerdo a lo detallado por Perfil, también acusó a distintos actores de obstaculizar el avance del expediente, cuestionó vínculos entre funcionarios judiciales y el intendente y reiteró que buscará revertir el archivo.
La contratación millonaria que despertó sospechas
En tanto, relacionó su sospecha con una contratación por $34.000 millones para modernizar la ATP. Según su exposición, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y el procedimiento posterior favorecería al mismo grupo. A su vez, afirmó que las denuncias opositoras habían frenado la adjudicación y lanzó: “Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger”.
Otro revés para el gobernador: la Justicia lo obliga a reabrir paritarias
La Justicia chaqueña ordenó al Gobierno de Leandro Zdero retomar las paritarias con los trabajadores estatales, tras un amparo presentado por ATE junto con distintos gremios de la provincia. La resolución fue dictada el 2 de septiembre por el Juzgado Laboral N.º 1, a cargo del juez Sergio Andrés Bosch, en el marco de una acción judicial iniciada por los gremios ante el deterioro de los ingresos de los trabajadores y la falta de continuidad de los espacios de negociación colectiva.
El magistrado estableció que el Ejecutivo provincial deberá convocar a la mesa de negociación dentro de un plazo de 15 días hábiles, mientras que las reuniones deberán comenzar dentro de los 40 días posteriores a la firma del acta en la que se establezca la fecha de inicio.
El fallo, además, contiene una advertencia dirigida al Gobierno de Zdero, ya que establece que el incumplimiento de los plazos fijados será considerado una conducta temeraria frente a la negociación colectiva y podrá ser tenido en cuenta por el magistrado al momento de dictar la sentencia definitiva.
La nueva instancia de negociación tendrá una agenda que excederá la discusión estrictamente salarial, aunque la actualización de los ingresos aparece como uno de los principales reclamos de los gremios frente a la pérdida del poder adquisitivo que, según sostienen, atraviesan los trabajadores estatales.
Entre los temas que deberán ser abordados también se encuentra el pago y la actualización de las bonificaciones correspondientes al escalafón general, además de la regularización del Decreto 3639/2023, cuyos instrumentos habían quedado suspendidos. Los sindicatos plantearon, a su vez, la necesidad de establecer mecanismos transparentes para las promociones y los ascensos dentro del régimen de carrera horizontal, junto con la renegociación de la reglamentación y vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).