Denuncian un plan para regalar las represas: los cuatro eslabones de la "cadena de ilegalidades"

La Fundación Soberanía amplió su denuncia para que se investigue y se anule la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue. El escrito, presentado en Neuquén, sostiene que la licitación fue un mecanismo planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al poder político.

Entre las firmas que se pide citar aparecen nombres pesados: Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, del empresario Manuel Santos Uribelarrea. Según el escrito, se terminó de constituir "un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional".

¿Qué dice la denuncia?

La causa está en el juzgado federal de General Roca, a cargo del magistrado Hugo Greca. Según pudo saber ADN, en este momento "está en vista" en la Fiscalía. El documento describe una "cadena de ilegalidades" con cuatro eslabones que apuntan directamente contra el ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

El primer eslabón es la elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). El segundo, la subvaluación de activos con la participación del BICE y la confesión de la finalidad recaudatoria. El tercero, la identificación de los beneficiarios: el mismo patrón que se repite. Y el cuarto, la consumación de la ilegalidad con un concurso "sin base" y el apuro fiscal.

El rol del Tribunal de Tasaciones

El eje inicial de los cuestionamientos es el TTN, bajo la conducción de Julio Villamonte. Según la presentación, no se respetaron los tiempos necesarios para que el tribunal hiciera su trabajo, y el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo no fue "una tasación objetiva, sino la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal".

La secuencia de notas entre la Secretaría de Energía y el TTN, que se acompañaron como prueba, demuestra "una evidente falta de buena fe administrativa", concluye la presentación.

El BICE, en la mira

Acá aparece el BICE, conducido por Maximiliano Voss. Esta entidad, cuya unidad de valuación recién cumple un año, fue la encargada de reemplazar al TTN por decisión de Caputo. Según Soberanía, se pretendió desplazar las competencias de tasación hacia el BICE, que depende directamente del Ministerio de Economía, es decir, del propio órgano que impulsa las privatizaciones.

La denuncia señala que el BICE no tiene competencia legal para tasar y carece de independencia técnica. "El Ministerio de Economía concentra las funciones de tasación, pliego, licitación y adjudicación en la misma estructura", lo que propicia "riesgos severos de subvaluación patrimonial y opacidad procedimental".

¿Cuál es la metodología cuestionada?

El último eslabón es la "Metodología de Subvaluación (Flujo de Fondos)". A pesar de que Villamonte alega que el sistema de flujo de fondos es el idóneo, la denuncia sostiene que "no constituye una tasación en los términos del TTN, sino un mero ejercicio financiero de «ganancias hipotéticas»", tal como lo señaló el Ing. Daniel E. Martín, miembro del TTN y autor del libro "Ingeniería en Tasaciones".

Lo curioso es que Martín integra el tribunal que conduce Villamonte, y sus dichos contradicen lo que intenta implementar su jefe. Además, la denuncia repasa casos en los que el propio TTN usó el método patrimonial, y cita la Norma 20.1 del Tribunal, que recomienda ese método en casos de expropiación, citando la Ley N° 21.499 y jurisprudencia de la Corte Suprema.

La urgencia recaudatoria, combinada con la falta de independencia del tasador, "genera un cóctel perfecto para la subvaluación de los activos y el consiguiente perjuicio al erario público", concluye la denuncia.