Denuncian violencia y amenazas en Peñas Negras y piden que la Fiscalía actúe

La Comunidad Indígena de Peñas Negras presentó una denuncia ante la Fiscalía Penal de Belén por una serie de hechos que, según su representante legal, habrían ocurrido en territorio comunitario e incluirían episodios de violencia, amenazas y hostigamiento. La presentación busca que se adopten medidas urgentes para proteger a los integrantes de la comunidad.

El escrito fue presentado el domingo 6 de septiembre por la abogada Andrea Morales Leanza, quien pidió que personal de la Fiscalía se traslade hasta el lugar para recibir denuncias y testimonios. Según planteó, esa medida permitiría preservar evidencia, identificar a posibles responsables, relevar testigos y documentar eventuales lesiones. También solicitó que, de corresponder, intervenga personal médico para constatar los daños denunciados.

¿Qué denunciaron los comuneros?

Según consta en el escrito, el miércoles 2 de septiembre la abogada recibió comunicaciones telefónicas de miembros de Peñas Negras, quienes le informaron sobre situaciones que calificaron como de "extrema gravedad". De acuerdo con esos relatos, efectivos policiales habrían ejercido violencia física contra comuneros, mediante golpes y utilización de gas pimienta. La presentación sostiene que estos episodios habrían generado tensión y enfrentamientos en el territorio.

Otro de los puntos planteados ante la Fiscalía está relacionado con la presencia de personas que, según los comuneros, estarían ingresando o intentando ingresar al territorio sin identificarse debidamente. La denuncia señala que algunas de esas personas se movilizarían en motocicletas sin identificación visible y que no habrían exhibido una orden judicial, autorización o instrumento legal que permitiera conocer el fundamento de su presencia en el lugar.

Por ese motivo, la representante legal solicitó que se determine la identidad, función y dependencia de quienes se encuentran interviniendo en el conflicto, y que se establezca si existe algún instrumento jurídico que habilite su ingreso, permanencia o realización de actividades dentro del territorio comunitario.

Temor y amenazas

La presentación sostiene que la situación habría generado un estado de temor entre los integrantes de la comunidad, algunos de los cuales permanecerían dentro del territorio y limitarían sus desplazamientos ante el miedo a nuevas agresiones o represalias. También se mencionan presuntas amenazas y episodios de hostigamiento.

La abogada Morales Leanza informó que se trasladaría hacia la zona para brindar asistencia jurídica a los integrantes de la comunidad. En el escrito señaló que había sido advertida sobre la existencia de amenazas y sobre el riesgo de sufrir agresiones si intentaba ingresar por determinados sectores del camino hacia Peñas Negras, entre ellos la zona de Laguna Blanca.

Ante esa situación, solicitó que se disponga o gestione un móvil policial para acompañar su traslado desde Belén hasta el territorio comunitario. Indicó que tenía previsto arribar a la ciudad el martes 8 de septiembre, alrededor de las 18, para continuar luego hacia la zona de El Hunquillar.

Sin embargo, la Fiscalía no respondió el planteo y, sin custodia en Belén, Morales Leanza decidió ingresar a la zona del conflicto desde Salta.